Estado de alarma inminente

El jefe del Ejecutivo autónomo no se anduvo con paños calientes a la hora de presentar la situación. ¿Por qué ha pedido el estado de alarma? Primero, por «la escalada de casos positivos» y porque «la tendencia se seguirá manteniendo en los próximos días», lo que puede disparar la transmisión comunitaria y poner en jaque al sistema de salud. El segundo motivo es que, con semejantes perspectivas, el Gobierno vasco tiene las manos atadas para adoptar medidas contundentes debido a las «limitaciones jurídicas» que han aflorado tras el auto del Tribunal Superior del jueves. En él se echaba para atrás la pretensión de Lakua de prohibir reuniones de más de seis personas, un elemento clave en los planes del Departamento de Salud. Al final, el Gabinete Urkullu publicó ayer dos órdenes en las que había más recomendaciones que prohibiciones. Más llamadas a la prudencia que exigencias de ella. Y la experiencia dice que eso funciona regular.

Habiendo admitido la consejera Gotzone Sagardui que limitar el derecho de reunión era más necesario que nunca, y quedando como única vía para hacerlo el estado de alarma, al lehendakari no le quedaba otra que recorrer ese camino. Contactó con Sánchez. Algo que generaba en Lakua cierto disgusto por las siempre resbaladizas cuestiones político-competenciales. Sin embargo, el lehendakari dejó a un lado esa guerra y se convirtió en el primer mandatario autonómico que solicita al Gobierno central el estado de alarma. ¿Le ha decepcionado que no fuese el propio Pedro Sánchez quien diese el paso por su cuenta? «No voy a entrar en esa cuestión», respondió Urkullu.

Porque, y esto es importante, lo que hizo el lehendakari fue pedir la excepcionalidad para toda España. Según argumentó, ha tomado esa determinación porque hay «comunidades limítrofes» –Navarra, La Rioja, Castilla y León– donde se están adoptando medidas muy rigurosas que están avaladas por sus tribunales superiores –son muy llamativas las distintas interpretaciones de los magistrados en según qué autonomía–. «Hay transmisión comunitaria en el conjunto del Estado», recordó. En fin, que no somos una isla, de manera que debe darse el paso de manera conjunta. Eso sí, la gestión del estado de alarma quedaría «en manos de las comunidades autónomas», de tal modo que cada una tome las decisiones que crea convenientes según su particular situación pandémica.

Desde el mismo momento en que Sánchez finalizó su ambigua intervención y el lehendakari oficializó su decisión, los presidentes de otras siete regiones –Extremadura, Asturias, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha (gobernadas por el PSOE), Cantabria y Cataluña, además de la ciudad de Melilla– solicitaron a La Moncloa que decrete la alarma. El objetivo: proteger las medidas que se adopten en el futuro con un paraguas legal que sea incuestionable.

De forma paralela, y con matices y salvedades en función de sus características sanitarias, demográficas, sociales y económicas, otros territorios han instaurado el toque de queda nocturno con diferentes temporalidades horarias –Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla y León– o se han postulado a favor de hacerlo, en espera de resoluciones judiciales que lo avalen –Castilla-La Mancha y Cantabria–. Madrid ha optado por una solución intermedia una vez finalizado el período de excepción al que le obligó el Ejecutivo central al dispararse sus indicadores de riesgo: limitará la movilidad entre la medianoche y las seis de la mañana, pero ampliará los horarios de la hostelería.

El 'café para todos' por el que apostó Sánchez para evitar en su momento un eventual motín autonómico se ha transformado con el paso de las semanas en una suerte de 'totum revolotum' que ha terminado por dibujar un mapa con unas líneas comunes muy poco definidas. Algunas comunidades, como Navarra y La Rioja –cuyos niveles de contagios se han desbocado en los últimos días– se han visto obligadas a cerrar sus 'fronteras' para reducir al mínimo los movimientos y los contactos sociales. Otras, como Aragón –que ha establecido el cierre perimetral de sus tres capitales– y Castilla y León han tratado de levantar el dique de contención en los núcleos más poblados. Y un tercer grupo, entre ellas Euskadi, ha establecido un sistema de semáforos o similar en el que el color de los mismos determina la exigencia de las restricciones.

Hay un consenso general de que el principal vehículo de transmisión del virus es el contacto estrecho con los más cercanos –familiares y amigos y sobre todo en espacios cerrados–, pero las diferencias entre las autonomías en la búsqueda de soluciones son manifiestas y de eficacia aún por confirmar.

Pedro Sánchez lanzó ayer un mensaje contundente sobre la evolución de la pandemia en España y auguró que «los próximos meses serán duros, muy duros». En una comparecencia institucional, convocada de urgencia, el presidente del Gobierno detalló la nueva clasificación de los niveles de riesgo pero evitó centrarse en las medidas a adoptar, convirtiendo su discurso en una apelación a la responsabilidad de la ciudadanía ante el hecho de que la segunda ola está azotando a España y a toda Europa con mayor virulencia de la esperada.

«Sabemos los sacrificios que comporta y las consecuencias económicas y sociales que acarrea (el virus). Y por ello debemos ser disciplinados y concienciarnos al máximo», afirmó Sánchez, que pidió «disciplina, espíritu de equipo, resistencia y moral de victoria a todos los ciudadanos», antes de dejar clara la intención de su Gobierno de evitar las medidas más drásticas. «Queremos y debemos evitar a toda costa recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario como el de primavera», subrayó.

El jefe del Ejecutivo incluso pareció asumir algunas de las críticas que ha recibido su Gobierno por la gestión de la pandemia, cuando admitió que en la primera ola apenas había capacidad en el sistema de salud para realizar tests y al reconocer que el número real de contagiados en España no es de un millón, como dicen las estadísticas oficiales de Sanidad, sino de tres millones, como constatan los estudios de seroprevalencia.

«Cada vez que evitamos un encuentro o un desplazamiento innecesario, cada vez que seguimos las reglas de higiene recomendadas, estamos poniendo una piedra en el muro para detener al virus», señaló Sánchez, que salpicó su declaración con apelaciones constantes a la unidad, «la clave de la resistencia frente a la pandemia». Insistió también en que, aunque a los españoles «nos gusta la vida social y tenemos pasión por el contacto humano, ahora es el momento de establecer distancias para salvar vidas».

El presidente del Gobierno propuso en su comparecencia un «reto colectivo»: «España hoy sufre una incidencia acumulada de 348 casos por 100.000 habitantes, y debemos lograr reducirla por debajo de los 25». Esto es, pasar del actual nivel 4 o de riesgo extremo (más de 250 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas) -el 3 o riesgo alto son por encima de 150; el 2 o medio, más de 25-, al nivel 1 o bajo, menos de 25. Una clasificación en la que también se tendrá en cuenta la incidencia del virus en los mayores de 65 años, la incidencia en los últimos siete días, el nivel de positividad de las pruebas, la capacidad de rastreo y la ocupación de los servicios hospitalarios.