La Ertzaintza acusará de un delito de odio a los autores de los pinchazos a mujeres

15denuncias han sido tramitadas ante la Ertzaintza en las últimas semanas.

Euskadi se convierte así en la primera comunidad autónoma española que valorará los pinchazos como delitos de odio. El pasado miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, instó a todas las víctimas a denunciar y consideró que estos ataques suponen un delito de lesiones con la agravante de género, porque contribuyen a «expulsar» a las mujeres de los espacios públicos. El Gobierno vasco ha dado un paso más. En estos casos, no considerará sólo el ataque físico ni el agravante por discriminación de género, sino que dará relevancia a que este nuevo tipo de violencia «crea un grave sentimiento de inseguridad o temor» entre un colectivo concreto -las mujeres-, lo que constituye uno de los requisitos contemplados en el Código Penal como vinculables a los delitos de odio. La consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal, ya advirtió hace unos días de que estos ataques son «algo muy serio porque están provocando que el miedo se apodere de las calles, generan un clima de terror sexual en el que las mujeres ya no se sienten seguras ni pueden disfrutar de las fiestas con libertad».

En el documento de la Ertzaintza se mencionan tres aspectos que deberán ser recogidos en la denuncia para aplicar el agravante. Los agentes tendrán que especificar que la víctima pertenece a un «colectivo amenazado» y que se ha generado un «clima de miedo». En los casos que así sea, se hablará de que «no se percibe que el objetivo del pinchazo sea» cometer un robo o una violación, sino «amenazar» a las mujeres. Y también se incluirá -cuando lo relate la víctima de esa forma- que la agresión se produce por «su condición de mujer». El atestado por delito de odio por razón de género se enviará al juzgado con una copia para la Fiscalía y otra para la Fiscalía especial de odio y discriminación.

Lo cierto es que las denuncias por pinchazos no dejan de crecer, sobre todo en Euskadi y Cataluña. Ayer se conocieron tres nuevos casos en las fiestas de Vitoria. En lo que llevamos de verano se han registrado unas 15 denuncias en el País Vasco, aunque en ninguno de los casos se ha detectado rastro de sustancias tóxicas y las agresiones tampoco han derivado en robos ni en violaciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó ayer a 60 las investigaciones por este motivo que se han abierto en el conjunto de España. Sólo se han detectado rastro de drogas en un caso en Asturias.

Los detenidos llegarán a los juzgados vascos acusados por la Ertzaintza de un delito de odio, pero la última palabra la tendrán los jueces. Y entre los magistrados existen dudas de que se pueda llegar a demostrar, con la ley en la mano, que tras estos ataques se esconde una voluntad discriminatoria. Cuestionado al respecto, Augusto Maeso, coordinador de Jueces para la Democracia en Euskadi y magistrado de la Audiencia de Gipuzkoa, explica -en una «primera interpretación»- que las denuncias deberán ser analizadas «una a una» y que habrá que acreditar que se trata de un delito de odio «en cada caso concreto», algo que a primera vista parece «difícil». Por ejemplo, en algunos casos -explica- habría que ver si se trata de un ataque «aislado» o es algo más «sistemático». También se debería analizar si los pinchazos han sido fruto de una acción «coordinada». Es decir, si un individuo fuese detenido después de haber cometido varios pinchazos o si se demostrase que lo ha hecho de manera organizada con otros sujetos podría recibir este reproche penal.