Entidades sociales cifran en casi 6.000 los perceptores «expulsados» de la RGI por la nueva norma
Celebran la resolución judicial que anula la obligatoriedad de tener un contrato de alquiler o un título de propiedad para acceder a esta prestación
5.872. Son las «unidades convivenciales» que compartían vivienda a las que «se ha expulsado» de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) desde la ... entrada en vigor de la ley y el decreto que regulan esta prestación. Argilan-ESK, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Berri-Otxoak han ofrecido ese dato este jueves en una rueda de prensa en la que han valorado la reciente sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula el requisito que obligaba a los solicitantes, además de estar empadronados, a tener un «título válido en derecho», esto es un contrato de alquiler o ser propietario de la vivienda en la que residen.
El Parlamento vasco aprobó en 2022 la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Posteriormente, se redactó un decreto, que entró en vigor el año pasado y que desarrolla algunos aspectos de la norma. Era en ese documento en el que se incluía el nuevo requisito, eliminado por el TSJPV porque, argumenta, «si la ley no ha efectuado tal delimitación negativa» a la hora de determinar lo que sería el domicilio, «el reglamento no puede introducir ex novo un requisito subjetivo».
Uno de los abogados que ha trabajado en la demanda, Julio Sánchez, ha celebrado la resolución, ya que, aunque «se haya puesto el foco» en que podrían percibir la renta personas que han ocupado una casa, «tal y como está la vivienda» se ha perjudicado a «mucha gente que no tiene un contrato oficial». Al quedar sin efecto, las organizaciones entienden que «ya» sería posible que las personas sin un contrato de arrendamiento o una escritura puedan acceder a la prestación.
Repercusión de la sentencia
Y han subrayado que la aplicación del artículo ahora anulado y de «otras medidas» contenidas en la regulación «es plenamente constatable en las estadísticas» de perceptores. En ese sentido, han detallado que las unidades de convivencia perceptoras de RGI que compartían vivienda eran en enero de 2023 (la nueva ley entró en vigor en marzo de ese año) 15.118, «el 30,58%» de titulares de esta ayuda. En diciembre del pasado año, con la norma y el reglamento (vigente desde enero de 2024) ya aplicados, se situaban en 9.246.
«Se ha expulsado del sistema a 5.872 unidades de convivencia que compartían vivienda, un 38,8% de las existentes en enero de 2023», han denunciado al tiempo que han puntualizado que el peso de este perfil de personas que comparten piso, «que llevaba años estando en torno al 30% del total, se ha reducido hasta el 15,94%».
En cuanto a la repercusión que pueda tener la resolución judicial, las entidades desconocen cuántas personas accederán a la RGI tras eliminarse el requisito, aunque creen que serán «muchas». Tampoco saben cuánto tiempo se mantendrá la posibilidad de solicitar la prestación sin un contrato de alquiler, ya que si bien el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco no ha recurrido la sentencia, sí que ha avanzado que valora modificar la ley del 2022 para introducir esa condición.
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