La empresa bilbaína investigada en Bolivia por el sobrecoste en la venta de respiradores dice que «todo es un montaje político»

Ignacio Mazarrasa, administrador de la empresa bilbaína IME Consulting, asegura que tiene la conciencia tranquila e insiste en que no ha hecho nada irregular. Para él, todo lo que ha pasado es «un montaje político». Lo afirma en declaraciones a EL CORREO después de que su compañía se haya visto situada en el epicentro de una terremoto político y sanitario en Bolivia. ¿El motivo? El supuesto sobrecoste de varios millones de euros que el Gobierno del país americano pagó para hacerse con 170 respiradores producidos por la empresa catalana GPA Innova y distribuidos como intermediarios por la firma bilbaína IME Consulting.

El escándalo ya ha costado el cargo al ministro de Salud del país sudamericano, Marcelo Navajas, cesado por la presidenta interina, Jeanine Áñez. El responsable de Salud fue detenido y trasladado a dependencias policiales para prestar declaración, junto con otros tres altos cargos del ministerio. El asunto está en manos de la Justicia boliviana, que ha abierto una investigación para averiguar si la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) de Bolivia contrató con sobreprecio la compra de 170 respiradores para tratar a pacientes de Covid-19. El escándalo surgió cuando se supo que se habían pagado 25.100 euros por unidad cuando el precio de los respiradores oscila entre 6.300 y 10.000 euros, según los investigadores. También se ha denunciado que no sirven para tratar la enfermedad en determinadas circunstancias.

Mazarrasa, empresario guipuzcoano afincado en Getxo, afirma que todo el escándalo es, en realidad, «un montaje político». Según dice, la polémica ha surgido por la fuerte presión que la oposición está sometiendo al gobierno interino, a falta de apenas tres meses para que se celebren las elecciones en Bolivia. Según ha explicado, su intención es llevar este asunto con «transparencia total». De hecho, dice que ya se ha puesto en contacto con el ministro de Justicia para remitirle «toda la documentación» de la transacción, en la que su firma iba a percibir un 20% de los más de 4 millones de euros de la transacción. Es decir, su margen se situaba en torno a los 800.000 euros. En este sentido, asegura que que si las autoridades no están conformes con la operación él está dispuesto a que le devuelvan los respiradores.

En todo caso, Mazarrasa insiste en que todo este asunto les está «perjudicando» y que se están planteando presentar una demanda por «daños y perjuicios». Lo hará -dice- si en un plazo de 48 horas no les pagan la mitad del contrato (más de 2 millones de euros) que Bolivia tiene pendiente de abonar.

Respecto a la utilidad de los respiradores, cuestionada en medios locales, el responsable de IME Consulting insiste en que están siendo utilizados en «UCIs de Cataluña». En todo caso, recalca que en los próximos días estaba prevista una actualización de los equipos para que pudiesen funcionar a pleno rendimiento, ya que la negociación del contrato tuvo que realizarse en apenas cinco días.