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El sindicato Steilas recurrirá la orden que regula el proceso de matriculación del alumnado para el próximo curso. La normativa suaviza en gran medida el reparto de los estudiantes vulnerables ... , el mecanismo introducido por el Departamento de Educación hace dos años para tratar de repartir al alumnado más desfavorecido entre todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Tal y como lo presentaron las autoridades entonces, la idea era poner coto de forma progresiva a la segregación escolar y lograr, en definitiva, una sociedad más cohesionada.
En un inicio, la normativa obligaba a todos los centros públicos y concertados a reservar una serie de plazas en el aula de dos años para estos estudiantes. El índice de cada colegio venía determinado por la zona en la que se encuentra y por las características de sus familias. Si un centro ofertaba 100 plazas y el índice de vulnerabilidad es del 10%, debía reservar diez puestos para vulnerables, independientemente de que esos estudiantes luego ocupasen las plazas o no. Esto provocó una fuerte polémica con las patronales de la escuela concertada.
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Iñigo Fernández de Lucio
Ahora esto ha cambiado. La normativa para el curso 2025/26 dice que en el caso de que un colegio reciba menos alumnos vulnerables que las plazas reservadas para ellos, sólo tendrá que bloquear dos puestos. El resto «serán asignadas a alumnado no vulnerable, garantizando una reserva de al menos dos plazas para alumnado vulnerable».
A juicio de Steilas, esa redacción «anula» de facto el reparto de la vulnerabilidad entre los centros sostenidos con fondos públicos. En una rueda de prensa, Nagore Iturrioz y Juan Zubia han anunciado su intención de recurrir la normativa. Porque ha habido más cambios. Hace dos años los colegios cuyo alumnado proviene en un 80% de otros municipios (como es el caso de los centros de Loiu o Zamudio, por ejemplo), se tendrá en cuenta el índice de vulnerabilidad de los barrios de origen de esas familias para calcular cuántas plazas debían reservarse para vulnerables. Esto ahora ha desaparecido.
Se entiende por alumnado vulnerable todo aquel que presente necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales o aquellos que se han incorporado tarde al sistema educativo. Educación calcula que el 15% del alumnado presenta alguna de estas características.
Iturrioz y Zubia han presentado el informe 'La educación no está en venta'. El texto expone, en primer lugar, distintos fenómenos que afectan a la educación, como la evolución en el número de nacimientos en los últimos veinte años o el incremento en la llegada de alumnado inmigrante. En un segundo bloque se analiza lo que Steilas considera que son medidas puestas en marcha por Educación para «rescatar» a los colegios concertados.
A modo de ejemplo, han citado la rebaja en el número mínimo de alumnos necesario para abrir un aula concertada (de 17 a 13). También han mencionado el incremento en el módulo de concertación en las dos últimas décadas por encima del aumento del coste de la vida.
En un tercer apartado, el sindicato critica las «medidas ineficaces» para combatir la vulnerabilidad. Iturrioz y Zubia han señalado que en los dos años que lleva en marcha la reserva de plazas la tasa de vulnerabilidad de los colegios de Bizkaia apenas ha pasado del 22,1% al 21,84%. También han censurado la «falta de voluntad política» para limitar la sobreoferta de plazas educativas, que son una de las principales causas de la segregación escolar.
Por último, el informe recoge las «infracciones» del decreto de 1987 que regula los conciertos educativos. Hay colegios, han denunciado, donde la admisión del alumnado y la contratación del profesorado «no son transparentes» y tampoco son «gratuitos y laicos».
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