Los sindicatos convocan cinco días de huelga en la enseñanza pública entre marzo y abril

El conflicto para renovar los convenios colectivos (que llevan caducados desde 2009 en el caso de limpieza y cocina; y desde 2010 en el caso de los profesores) parece enquistado. Los trabajadores aseguran que la última reunión con el Departamento de Educación tuvo lugar el 25 de febrero, víspera de las últimas movilizaciones del colectivo docente. Según han explicado este martes los portavoces de la plantilla, no hay fecha para la siguiente cita.

La viceconsejera de Administración y Servicios, Blanca Guerrero, se ha mostrado muy crítica con la convocatoria de la huelga. En declaraciones a los medios, ha señalado que «no entendemos los intereses que se están defendiendo, pero en ningún caso son la calidad educativa, el alumnado y las familias». Ha asegurado que las negociaciones «siguen abiertas» y ha desmentido a los sindicatos al afirmar que las mesas negociadoras se reunieron «el jueves y viernes de la semana pasada».

Las centrales, por su parte, denuncian que hasta el momento sus reivindicaciones no han obtenido respuesta. Y que los «retrocesos impuestos» a los docentes en los últimos años les «impiden realizar adecuadamente su trabajo». Se refieren al incremento en las tareas burocráticas, el aumento de la carga de trabajo, la «falta de recursos» para atender al alumnado con necesidades educativas especiales...

Desde que caducaron los convenios, los colectivos llamados a la huelga han perdido «más del 20%» de su poder adquisitivo porque los incrementos en este tiempo han sido «inferiores al IPC». «No pedimos recuperar todo de golpe, pero el departamento tampoco deja la puerta abierta a negociar la forma de hacerlo», han censurado los portavoces sindicales en rueda de prensa.

Según su relato, la consejería «asegura que no tiene dinero ni competencias» para establecer las subidas salariales. «Pero hemos visto que sí parece que tenga competencias y que también hay dinero, porque se destina a otros colectivos», han reprochado, en referencia a la reciente subida pactada con los sindicatos de la Ertzaintza. Ambos conflictos son los primeros pulsos a los que se ha enfrentado el Gobierno de Imanol Pradales.

En los últimos meses, sindicatos y Educación han cruzado varios reproches en público. Los trabajadores acusan a la consejería de «inmovilismo», de convocar mesas de negociación «vacías de contenido» e incluso de «tratar de deslegitimar» las movilizaciones. El departamento, por su parte, considera que la huelga «es difícil de entender» porque «las negociaciones están activas». Afirma que su «prioridad» es «fortalecer nuestro sistema educativo», lo que «exige que toda la comunidad educativa trabaje unida».

El malestar en la plantilla es evidente y eso se ha traducido en grandes movilizaciones. El primer día de huelga, por ejemplo, 8.000 docentes tomaron las calles de Bilbao y el resto de manifestaciones también convocaron a miles de personas. Según Educación, en torno a la mitad de los trabajadores han hecho seguimiento de los paros, una proporción mucho mayor que en anteriores huelgas.

Además de un nuevo convenio, los profesores exigen aligerar la carga de trabajo, reducir las tareas burocráticas, más recursos humanos para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, rebajar el número de estudiantes por aula, consolidar y garantizar el empleo, mejorar las condiciones para la jubilación, recuperar el poder adquisitivo y garantizar la salud laboral, el euskera y la coeducación.