PNV, PSE y PP rechazan limitar la matrícula en la red concertada para favorecer a la pública

La Cámara debatió ayer la necesidad de introducir cambios en el mapa escolar -las normas que regulan el acceso de los alumnos a los colegios en barrios y municipios- con el fin de adaptarse a las nuevas realidades sociales. La propuesta de Elkarrekin Podemos llegaba al Parlamento en vísperas del fin del período de matriculación en Euskadi, que este año ha sido especialmente competitivo entre centros y redes por la escasez de niños provocada por el desplome de la natalidad.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez, argumentó que el incremento de escolares inmigrantes, la caída de la natalidad, la evolución de los modelos lingüísticos y la generalización de la oferta para alumnos de 0 a 3 años «obliga a replantear el mapa escolar». A su juicio, el actual modelo vasco -en el que las dos redes se reparten casi a partes iguales los alumnos- provoca «segregación» y defendió que la escuela pública debe ser el «eje del sistema educativo».

La coalición de izquierdas pedía en su proposición no de ley, en concreto, un resideño del mapa escolar para dar prioridad a las zonas con valores más bajos socioeconómicos, garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos -específicamente en la adquisición de las dos lenguas oficiales- y no concertar ninguna plaza nueva en barrios en los que existan plazas escolares públicas suficientes para atender la demanda. En la práctica, está última medida supondría el cierre de aulas de colegios concertados en numerosos municipios vascos en los que hay puestos sin cubrir en escuelas e institutos.

La propuesta solo tuvo el respaldo de EH Bildu. La parlamentaria abertzale Rebeka Ubera compartió la opinión de que el sistema vasco repartido en dos redes equilibradas en número de alumnos ha hecho «retroceder a Euskadi en equidad» y «profundiza la exclusión social y la segregación». Apostó también por medidas que permitan incrementar la matriculación de niños en la red pública, como la de no subvencionar aulas a colegios concertados hasta no llenar los centros de titularidad de la Administración.

Los partidos en el Gobierno, PNV y PSE, junto con el PP rechazaron la propuesta y sacaron adelante una enmienda en la que, además de defender el derecho de las familias a elegir centro y proyecto educativo, abogan por «dedicar especial atención a zonas desfavorecidas» y, en concreto, impulsar en ellas el aprendizaje de los dos idiomas oficiales.

La parlamentaria del PNV Jone Berriozabal consideró «irresponsable abonar el campo del enfrentamiento entre redes», en lugar de «favorecer la cooperación y la colaboración» y aseguró que el 97% de las familias consigue plaza en el colegio que elige en primera opción. Berriozabal argumentó que hay que cumplir la normativa que regula el acceso a los colegios y señaló que una de las «líneas rojas» a respetar es la libre elección de centro. Defendió que el mapa escolar «se ha ido adaptando a las nuevas necesidades», se han construido escuelas en barrios en crecimiento y dedicado «mayores recursos» a colegios con bajos índices socioeconómicos.

El socialista José Antonio Pastor aclaró que «un sistema educativo con una red concertada que acoge casi al 50% de los alumnos no nos gusta», pero su formación apuesta por «un cambio gradual». En todo caso, se mostró partidario de llevar a cabo un «enorme esfuerzo político» para que «los partidos acuerden un marco educativo en Euskadi, que quede al margen de los cambios políticos», un objetivo que calificó de «reto de país».

Por su parte, la popular Juana Bengoechea afirmó que la que está «discriminada» es la red concertada y acusó a Elkarrekin Podemos de querer «eliminarla». Dijo que la coalición de izquierdas hace «un flaco favor a la escuela pública» cuando la presenta como «marginada».