El Parlamento pide la mediación de Trabajo en el conflicto de la red concertada

La Cámara vasca pidió ayer al Gobierno de Iñigo Urkullu que impulse la «mediación» del Departamento de Trabajo como vía para alcanzar un acuerdo en el conflicto que enfrenta a la patronal y los sindicatos de colegios concertados. Solicito además a Educación que active un plan de «recolocación de profesores» que pierdan su trabajo por la caída de la natalidad y le instó a «analizar la revisión de los módulos» -la financiación que se dedica a la red concertada-, «en el contexto de la Ley de Presupuestos».

Fue el grupo de EH Bildu el que llevó ayer el conflicto escolar al Pleno con una proposición en la que pidió que el Departamento de Educación «tome el liderato» para resolver el enfrentamiento entre los responsables de los colegios concertados y los trabajadores. La parlamentaria Rebeka Ubera argumentó que es «inaceptable» que Educación «no haga nada por buscar una solución» cuando la red concertada «está financiada» por el Gobierno vasco.

Ante las constantes peticiones de ayuda por parte de Kristau Eskola -patronal mayoritaria- para resolver el enfrentamiento laboral, censuró que la consejera Cristina Uriarte «haya mirado para otro lado». «Se tiene que remangar, reunir a ambas partes y negociar para poner fin a esta situación de bloqueo», subrayó. Ubera lamentó que al final «son los alumnos los perjudicados». Los centros de la red concertada han soportado 24 paros el curso pasado y tres más el anterior.

Finalmente fue una enmienda del PNV y del PSE la que salió adelante. La iniciativa remarca que es el Departamento de Trabajo el «competente» para mediar en el litigio. «Educación no puede intervenir porque se trata de un conflicto laboral, corresponde a Trabajo y Justicia como así lo hemos indicado en otras ocasiones», argumentó la parlamentaria del PNV, Jone Berriozabal.

El representante de Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez, incidió en que los trabajadores de la red concertada llevan 10 años sin convenio y en ese tiempo «han empeorado sus condiciones laborales». Consideró que la falta de acuerdo es «un fracaso de Educación» y reclamó también a la consejera que «asuma el liderazgo» en la negociación. Los sindicatos piden mejoras laborales, principalmente una subida salarial y la reducción de las cargas de trabajo, y la patronal argumenta que no tiene recursos para responder a esas demandas y que necesitaría una mayor financiación pública.

El PSE apoyó que la responsabilidad de Educación es limitada ya que se trata de un conflicto laboral, y advirtió también de que Trabajo «no puede intervenir de oficio» sino que la mediación la deben pedir las partes enfrentadas. El parlamentario socialista José Antonio Pastor mostró su «preocupación» por la situación en la que se encuentra la negociación -con las posturas alejadas y el diálogo en punto muerto- y criticó que «los alumnos son los que pierden clases y están pagando el pato». Aunque defendió que la solución «es posible», Pastor dejó claro que no está de acuerdo en que el litigio «se resuelva solo con dinero» porque cree que «cuantos más fondos vayan a ese sector, menos irán a la escuela pública».

La parlamentaria del PP Juana Bengoechea reclamó, por el contrario, incrementar la financiación de la red privada subvencionada para volver a los niveles «precrisis». «Hay dinero para invertir en enseñanza, no hay dificultades económicas», dijo. Criticó que no existe «equidad» en el reparto de fondos. «El Gobierno vasco dedica cerca de 9.000 euros por alumno de la escuela pública frente a cerca de 5.000 de la concertada», detalló. Bengoechea tampoco se mostró de acuerdo con que sea Trabajo el que deba mediar en el conflicto ya que Educación «paga los sueldos de los profesores» y es el que, por tanto, «debería intervenir».