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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado el decreto de ordenación y planificación de los centros educativos de Euskadi. Se trata de una normativa fundamental que, entre otras cuestiones, configura el mapa escolar, la oferta de plazas de los colegios vascos y ... establece el número de estudiantes que puede haber en cada aula. Este punto es importante porque Euskadi tiene unas ratios inferiores en la escuela pública a las que marca la ley estatal. El decreto anulado también da soporte jurídico a la reserva de plazas para alumnos vulnerables. Educación ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Se abre ahora un período de incertidumbre. Está por ver el alcance del fallo judicial, que llega apenas tres semanas antes de que arranque el período de matriculación para el curso que viene. En una nota, Educación subraya que, al no ser una sentencia firme, el decreto «sigue en vigor». La decisión de la sala de lo Contencioso Administrativo da respuesta a un recurso planteado por Ehige (la federación de ampas de la escuela pública) y Steilas. Ambas organizaciones darán una rueda de prensa este viernes para explicar los detalles de la sentencia.
El tribunal ha anulado el decreto por un defecto de forma. La sala considera que el Ejecutivo autonómico no realizó de forma adecuada los trámites previos obligatorios. Educación «prescindió» de la memoria justificativa que debía acompañar la nueva normativa. Es un trámite «esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias», señala el fallo, al que ha tenido acceso este periódico. Este defecto también fue advertido por la Oficina de Control Económico y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi durante el proceso de elaboración del texto. Por todo ello, los magistrados declaran «nulo de pleno derecho» el decreto, aunque no entran a analizar el fondo de la cuestión.
Ehige y Steilas denunciaban en su recurso que, con este decreto, Educación «iguala» a los centros públicos con los concertados mediante el Servicio Público Vasco de Educación (SPVE). A modo de ejemplo, el texto impugnado y ahora anulado garantiza a todo el alumnado una plaza escolar «sostenida con fondos públicos». La normativa estatal, en cambio, garantiza «una plaza pública». «No es lo mismo», censuraban los portavoces de Ehige y Steilas en la presentación del recurso, que también argumentaba que existe «inseguridad jurídica» en lo relativo a las plazas para colectivos vulnerables.
«La sentencia no profundiza en las cuestiones de fondo, pero creemos que son importantes», señala Haizea Arbide, miembro de la secretaría nacional de Steilas. «Con este decreto se sigue blindando la red concertada en vez de apostar de forma clara por la pública, que es nuestro eje y objetivo», indica.
La referencia al SPVE, además, se introdujo en la normativa antes incluso de que se aprobase la Ley de Educación. Es decir, que el decreto (aprobado en febrero de 2023) no contaba aún con el paraguas de la ley (sancionada en diciembre de 2023). El procedimiento habitual es justo el contrario. Primero se aprueban las leyes y después los decretos que las desarrollan. Cuando se elaboró el decreto, eso sí, se había aprobado el pacto educativo que sirvió de base para la ley.
Según las fuentes consultadas, es de prever que el fallo judicial tenga unos efectos más políticos (supone todo un varapalo para la Administración) que prácticos. El decreto de planificación ha regulado los procesos de matriculación de los últimos dos cursos y sería descabellado pensar, apuntan las mismas fuentes, que esos procesos vayan a ser anulados de forma retroactiva por el enorme perjuicio que eso supondría a las familias. Pero es una incógnita saber cómo va a afectar esta situación a la matriculación del próximo curso, aunque es cierto que la normativa principal en este sentido es el decreto de admisión, que nadie ha cuestionado. El período comienza dentro de tres semanas.
En un comunicado, Educación ha subrayado que la sentencia «no es firme, por lo que el decreto sigue en vigor». El departamento ya trabaja en una nueva normativa «que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación». Por su parte, EH Bildu ha anunciado que solicitará la comparecencia de urgencia de la consejera en el Parlamento vasco para dar explicaciones. «En este momento la incertidumbre es total, y las familias necesitan que el Gobierno les dé certidumbre», ha señalado su portavoz en materia educativa, Ikoitz Arrese. Muriel Larrea (PP) ha criticado que «la única hoja de ruta que sigue el Gobierno vasco en materia de educación es la de su imposición ideológica». «Les han tumbado éste decreto por no hacer bien sus deberes», ha indicado.
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