Euskadi tendrá que adaptar su sistema de becas no universitarias al estatal

Alumnos vascos afrontan un examen./Jordi Alemany
Alumnos vascos afrontan un examen. / Jordi Alemany

Una sentencia del Tribunal Supremo establece que el modelo vasco genera «importantes desigualdades» en el acceso a las subvenciones

TERRY BASTERRA

Euskadi tendrá que adaptar su sistema de becas para los niveles no universitarios –Bachillerato y Formación Profesional– al estatal para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo. El dictamen, que ratifica uno anterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que no es recurrible, sostiene que al fijar su propio baremo, el País Vasco ha creado «un sistema paralelo al del Estado» que genera «importantes desigualdades» en el acceso a la educación en función del territorio en el que resida y estudie cada alumno.

El Gobierno vasco argumentaba que las becas se costean con fondos propios y que no afectaban a la financiación central. También que Euskadi ha dispuesto de un sistema propio de subvenciones en educación durante tres décadas basado en las competencias transferida sin que hubiesen sido impugnadas hasta 2014, cuando fue denunciado por la Abogacía del Estado.

Uno de los aspectos en los que pone el foco el Supremo es el de los umbrales de renta fijados para la concesión de estas becas. En el País Vasco son más elevados. Existen tres capítulos para costear aspectos como la matrícula, el comedor, el desplazamiento o el material escolar a los que se accede en función de los ingresos y del número de miembros que componen la unidad familiar. Un ejemplo es el nivel uno, el que incluye una cobertura más amplia. Para una familia de cuatro miembros, el ministerio establece unos ingresos máximos de 13.909 euros. El Gobierno vasco, por su parte, eleva esa cuantía a 20.201.

Otros de los aspectos a los que se refiere el fallo es el de los resultados académicos. El Estado fija una nota mínima para los candidatos mientras que en Euskadi con no haber repetido curso es suficiente. Los servicios jurídicos del Departamento de Educación están analizando la sentencia para determinar qué cambios obliga a adoptar de cara a las próximas convocatorias. Por definir quedan varias cuestiones. La primera es cómo afectará la sentencia a los umbrales de renta. Si habrá que reducirlos o el Ejecutivo vasco encontrará un encaje legal que permita mantenerlos como hasta ahora.

20.000 alumnos

Fuentes del Departamento explican que son cerca de 20.000 alumnos de Bachiller y Formación Profesional los que perciben becas para financiar parte de sus estudios. A ellos se destinan cerca de 7 millones de euros. Cada uno de los alumnos recibe de media 350 euros al año.

El conflicto por las becas comenzó en 2012, cuando el Gobierno vasco anunció que no iba a aplicar los endurecimientos en su concesión establecidos entonces por el PP en el Gobierno central. Era la época de José Ignacio Wert como ministro de Educación y de los recortes impuestos con motivo de la crisis económica.

La sentencia del Tribunal Supremo se refiere a las becas para los niveles universitarios del curso 2014-15. El Gobierno central también impugnó estas ayudas para el curso 2015-16, así como las becas universitarias para ambos ejercicios. Desde el Departamento apuntan que hay varios procesos judiciales abiertos por esta cuestión y que la próxima semana darán más explicaciones al respecto.