Educación retira el concierto al colegio Scientia de Bilbao tras detectar «continuas irregularidades»

Tal y como adelantó este periódico, el centro fue adquirido hace dos años por Scientia Bilbao S. L., una filial de un grupo mexicano con intereses en distintos sectores, como el inmobiliario o la estética, además del educativo. Fue comprado a una orden religiosa, que lo había dirigido durante décadas. Con la llegada de los nuevos gestores, comenzaron los problemas y los impagos a la parte de la plantilla que no cobra su sueldo directamente del Gobierno vasco al atender etapas no concertadas, como el primer ciclo de Infantil.

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La gota que ha colmado el vaso ha llegado este año. La empresa lleva nueve meses sin pagar a algunos de sus trabajadores(aquellos fuera del pago delegado). Además, ha contraído una deuda con Hacienda y debe decenas de miles de euros a empresas de catering y a otras que suministran material informático al colegio. En paralelo, lleva desde octubre de 2023 sin pagar el alquiler a la compañía propietaria del inmueble, Orlan 2019 S. L., que amenaza con desahuciar a Scientia Bilbao S. L. si no cobra antes de fin de año, según un auto al que ha tenido acceso este periódico. Tanto los trabajadores como otras compañías acreedoras han llevado a los gestores del centro a los tribunales. Los problemas no se ciñen sólo al colegio de Bilbao, sino también a otros del mismo grupo en San Sebastián o Lalín (Galicia).

La decisión del Departamento vasco de Educación es inédita (los conciertos educativos se conceden para periodos de seis años) y deja tanto al colegio como a su plantilla en una situación muy complicada. El centro pasa a ser de gestión privada, lo que supondrá, de entrada, que el precio de la matrícula se dispare. Se trata de un colegio pequeño, de sólo una línea por curso, que abarca desde el aula de 0 años hasta 4º de ESO. Cuenta con unos 200 estudiantes que, de la noche a la mañana, pasarán a estudiar en otros colegios, ya que muchas familias son vulnerables y les sería imposible asumir el coste del centro privado.

Por ese motivo, Educación asegura que las familias «verán garantizado el derecho a una educación de calidad». El alumnado, continúa el escrito hecho público en la tarde de este viernes, «tendrá la posibilidad de verse reubicado a la vuelta de las vacaciones de Navidad». La consejería, no obstante, no hace referencia a la situación de la plantilla. «El departamento no tiene un marco laboral con el profesorado fuera de la concertación», se limitan a señalar fuentes oficiales.

Hasta este momento, el salario de la mayor parte de los trabajadores dependía del Gobierno, al ser un centro concertado. Fuentes de los empleados consultadas por este periódico lamentan que la consejería «nos ha dejado totalmente vendidos». «Pasamos a ser trabajadores de una empresa privada que aparentemente estará sin alumnado a partir de enero», apuntan. «Vamos a cobrar cero euros por ir a trabajar a un colegio fantasma sin niños», lamenta otra trabajadora. La plantilla ya estudia qué pasos pueden dar en el plano legal.