Educación afea al colegio de Bilbao condenado con 40.000 euros que el protocolo 'antibullying' se abrió a instancias de la familia

Tras la información desvelada por EL CORREO, la directora del colegio señaló ayer ante los medios que en el caso, ocurrido en el curso 2021/22, «se han seguido los protocolos oportunos que marca la ley desde el principio, con comunicación directa con Inspección de Educación», concretó. También anunció que el centro recurrirá la sentencia. Horas después, el Departamento de Begoña Pedrosa lanzó un comunicado en el que en el fondo cuestionaba esta versión y reforzaba lo relatado en la sentencia, en la que el juez gráficamente señala que «el centro se convirtió en un mero espectador» de un caso de acoso que era conocido, prolongado en el tiempo y de extrema gravedad, como certificó en la vista la psiquiatra de Osakidetza que atendió a la niña. Entre otras vejaciones, la acosadora –que era un año mayor– llegó a introducir a la niña «rotuladores por la vagina» en los baños del centro.

El departamento de Pedrosa confirma así lo que quedó acreditado en el juicio. Que el centro concertado hizo «oídos sordos» ante la preocupación de la familia de la víctima, que en reiteradas ocasiones pidió que se adoptaran medidas para salvaguardar la integridad de su hija. Según su testimonio, el colegio no les informó de la existencia de un protocolo 'antibullying'. No fue hasta meses después, en marzo –las agresiones comenzaron en septiembre– cuando los padres supieron de la existencia del protocolo, tras varias llamadas a Educación. El Departamento remarcó igualmente «el compromiso del sistema educativo con el bienestar de todo el alumnado».

La principal fuerza de la oposición en el Parlamento vasco, EH Bildu, ya ha anunciado que pedirá «explicaciones» a Educación. «Es evidente que el protocolo contra el acoso escolar ha fallado en este caso; ¿por qué no se detectó nada grave?», cuestionó su portavoz, Ikoitz Arrese.

Los hechos se remontan al inicio del curso 2021/22. La víctima cursaba tercero de Infantil cuando una compañera, un año mayor, comenzó a acosarla de forma constante. La golpeaba, la arrastraba del pelo, le pintaba la ropa, la tiraba por las escaleras, le pegaba patadas, le quitaba la comida... La agresora, un año mayor, «en ocasiones irrumpió en el baño para quitarle los pantalones cuando se encontraba haciendo sus necesidades y en otras le introdujo rotuladores en la vagina», se puede leer en la sentencia.

El magistrado considera acreditado que no se trató de una situación «aislada ni puntual». El centro argumentó en la vista que fue un problema «de convivencia» y no de acoso; y que la víctima «no supo entender la situación» y que «no se quejaba ni pedía ayuda». También adujeron que se celebraron «reuniones continuas» con los padres –a quienes reprochan no haber acudido a alguna cita–, que se abrió «un protocolo de observación», que tuvieron lugar «tutorías individuales» con la acosadora y «colectivas con toda la clase» y que se adoptaron «medidas en el aula». Pero no se separó a las dos niñas, como exigía la familia.

La sentencia considera que todas estas actuaciones no tuvieron «ninguna eficacia práctica ni contenido concreto». «No hay rastro alguno de que se arbitrase –o siquiera se llegara a considerar la posibilidad– en ningún momento medida alguna que atajase las agresiones y protegiese a la menor», zanja el magistrado. Por todo ello, concluye, «el centro se convirtió en mero espectador». «Las pruebas muestran de forma clara y sin asomo de duda el fracaso del centro a la hora de resolver lo sucedido y garantizar la protección de la menor».