Educación permite a los colegios retirar las cámaras que han costado 66 millones

El Departamento de Educación ha autorizado a los centros públicos a que desinstalen las cámaras que el propio Gobierno vasco ha colocado en los últimos meses en algunas aulas de todos los colegios e institutos de Euskadi. La actuación ha contado con una inversión de 65,8 millones de euros (IVA incluido) a cargo de fondos europeos.

Tras la experiencia de la pandemia, la Unión Europea decidió dar un impulso a la digitalización de la enseñanza. El objetivo era asegurar que los centros educativos cuenten con una infraestructura digital suficiente para afrontar otro posible confinamiento y, al mismo tiempo, situar las escuelas como espacios que contribuyen a reducir la brecha digital entre las familias más pudientes y las más vulnerables.

A través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la UE destinó a España 1.297 millones de euros para financiar estas actuaciones. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, a Euskadi le han correspondido 66 millones, el 5% del total. Se trata de un dinero finalista, es decir, no se puede emplear para ningún otro fin. Educación comenzó en octubre a instalar los nuevos equipamientos para la red pública. Previamente, solicitó a las direcciones que le comunicaran con cuántas «aulas digitales interactivas» querían contar y su ubicación.

Una vez diagnosticadas las necesidades, el departamento comenzó a colocar los equipos, que se componen de un ordenador de sobremesa, otro portátil, una pantalla interactiva, una cámara web de aula, un micrófono inalámbrico personal, otro de aula, una cámara de documentos, una tableta digital y un armario de carga. La actuación más costosa (24,5 millones sin contar el IVA) corresponde a la instalación de las pantallas, seguido de las cámaras web (11 millones) y los ordenadores (8 millones).

La instalación de los dispositivos ha generado una enorme polvareda. Sindicatos como LAB denunciaron que «se quieren utilizar para el control del personal» y que «ponen en peligro la protección y la intimidad del alumnado y atentan contra su privacidad». Según informó la central, los claustros de varios centros se han negado a colocar estas cámaras. «LAB apoya estas actitudes y anima al resto de centros a hacer lo mismo», señaló el sindicato en un comunicado. También organizaciones estudiantiles como Euskal Herriko Ikasle Antolakunde Sozialista (IAS) ven en las cámaras una forma de «control social».

Para calmar las aguas, el Departamento de Educación envió una comunicación a todas las direcciones de los centros públicos para informar de que las cámaras «no están destinadas al control ni a la vigilancia, sino a facilitar la grabación de contenidos educativos o la partición en actividades formativas en modalidad híbrida». Asegura que la instalación de los dispositivos «no implica su uso obligatorio» y que éste, en todo caso, «estará siempre sujeto a las directrices que establezca cada centro en su plan digital».

En cualquier caso, la consejería que lidera Begoña Pedrosa afirma que «una vez instaladas y comprobado su funcionamiento adecuado, podrá desinstalarse la lente para su custodia y utilización en los momentos que cada centro y docente precise». Y añade que «este programa tiene como objetivo avanzar en la transformación digital del sistema educativo». Educación recuerda que las aulas digitales interactivas son «un herramienta clave para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en modalidad presencial como a distancia o mixta».

Los objetivos que se persigue son «facilitar la inclusión digital del alumnado, impulsar el desarrollo de la competencia digital, apoyar las metodologías activas y el trabajo colaborativo» y permitir la grabación y transmisión de contenidos educativos «cuando sea necesario, a criterio siempre del centro y del docente».

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