Educación modifica el concurso del servicio de comedores para intensificar la competencia

Educación modifica el concurso del servicio de comedores para intensificar la competencia

La AVC avala los pliegos del contrato de 2019 y aconseja recordar en las bases las sanciones en caso de incurrir en prácticas colusorias

AMAIA CHICO

El reproche jurídico, y ahora político, que Educación ha recibido por su «inacción» ante el reparto del mercado de comedores escolares que durante diez años llevaron a cabo siete empresas está teniendo consecuencias. A priori, para bien. La consejería ha ido modificando en los últimos años los pliegos del concurso para intensificar la competencia y evitar nuevos pactos entre las firmas de catering. De cara a la próxima licitación de 2019-2023, ha remitido el documento con nuevos cambios a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) para contrastar su idoneidad a la hora «de no discriminar» y procurar «igualdad de trato entre los licitadores». El texto ha recibido el aval del organismo que propició la sanción millonaria impuesta a las empresas de catering por una concertación que provocó «un daño» a las arcas públicas de 70 millones de euros. La AVC valora «positivamente» los cambios introducidos y recomienda «advertir» de las posibles sanciones a las que se enfrenta cualquier firma si vuelve a incurrir en prácticas colusorias.

El análisis realizado por Competencia destaca algunas de esas «mejoras» añadidas por Educación en el último pliego para el concurso. Un contrato que desde el año 2000, el primero que se licitó el servicio de gestión directa en la red escolar pública, ha supuesto la consignación de 1.615 millones de euros. En ese montante se encuadra el mencionado sobrecoste que, según el borrador del informe de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria, ocasionó el fraude destapado durante una década. Ahora, el concurso sale a licitación por 359,2 millones, 89,8 millones de presupuesto por curso. Y para concurrir a ella, Educación ha introducido algunos cambios aplaudidos por Competencia.

Según destaca la propia AVC, de forma general se «rebajan las condiciones de acceso y las trabas o barreras que favorecen que los licitadores puedan presentarse». Remarca que la «principal diferencia» para «garantizar» mayor concurrencia es el cambio de procedimiento: del denominado «restringido» a uno «abierto», que posibilita «que todo aquel empresario interesado podrá presentar su oferta». La AVC advierte de que la elección de uno u otros sistema «no es inocua».

El incremento del número de lotes, de 18 a 30, permite el acceso de empresas más pequeñas

Competencia alude también a la reducción de «los requisitos de solvencia» exigidos hasta ahora a las empresas para acceder a la licitación. Unos criterios de suficiencia económica, financiera, técnica o profesional con los que «no se establece una barrera de entrada a los licitadores». También considera «razonable» la relación de medios obligatorios de personal o equipamiento exigidos en los pliegos.

Pero sobre todo, el organismo que preside Alba Urresola se detiene en analizar la nueva división en lotes en que se divide el contrato. Para esta nueva licitación, el reparto es de 30 lotes en lugar de los 18 de 2015. Una decisión que permitirá «acceder a empresas de dimensiones más reducidas» -uno de los objetivos principales de la ley de contratos del sector público-, ya que las exigencias de solvencia que deben acreditar son menores al reducirse, igualmente, el presupuesto de licitación de los lotes a los que acceden.

Menos predecible

Directamente relacionado con la división por lotes, Competencia valora también «positivamente» que se reduzca la «predictibilidad» de las contrataciones que resultarán sobre cada lote. Es decir, variar el tamaño de los contratos y modificar su calendario en los sucesivos concursos limita el margen de las empresas para prever qué volumen de adjudicaciones se harán y, por tanto, qué empresa tiene capacidad para optar a ellas. Un hecho que, según la AVC, «dificulta un posible reparto de mercado», como ocurrió entre 2003 y 2015. Finalizado el proceso judicial, ahora está a punto de concluir la comisión de investigación que dirime las responsabilidades políticas.