Educación obligará a los colegios concertados a publicar en sus webs las cuotas que cobran a los padres

Uno de los pilares de la futura ley educativa vasca es la gratuidad de la enseñanza también en la red concertada para lograr una mayor equidad y acabar con la segregación. Es decir, que los colegios privados que reciben fondos públicos no puedan recibir dinero de las familias para fines educativos. Solo para servicios adicionales, como el transporte, comedor, extraescolares, material escolar o excursiones, tal y como ocurre en la escuela pública. La equiparación de ambas redes, sin embargo, no se puede conseguir de la noche a la mañana y obliga a un periodo de adecuación. Por ello, el Departamento de Educación ha reforzado los sistemas de seguimiento, control y evaluación del cobro de cuotas en los centros concertados, que aglutinan al 48% del alumnado vasco.

Así, el Gobierno vasco obligará a las ikastolas y demás colegios concertados a publicar las cuotas por servicios no educativos que cobrarán a las familias. Se trata de una de las medidas que también se recogen en el anteproyecto -en fase de alegaciones y pendiente de aprobación- y que este viernes ha anunciado el lehendakari.

Faltan detalles por definir, pero previsiblemente tendrán que precisar esta información, concretar la cuantía y a qué corresponden los recibos que se exigen a las familias, en sus páginas web o, incluso, en la del Departamento. Tendrán que hacerlo si quieren acogerse a las subvenciones. Urkullu ha señalado que «quien matricule a su niño o una niña deberá saber qué tipo de cuota se le cobra y cuál es su finalidad. Serán cuotas voluntarias por servicios no educativos». Además, el área que dirige Jokin Bildarratz ya ha comenzado a realizar un inventario para identificar en detalle qué tipo de cobros se están exigiendo a las familias y «autorizar únicamente aquellas cuotas que sean no educativas».

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en respuesta a la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, que ha solicitado información en el pleno sobre las medidas que el Gobierno vasco está tomando para garantizar la gratuidad en el acceso a la educación. Tanto el pacto educativo vasco como la Lomloe en su artículo 88 recogen la progresiva eliminación de las cuotas en la concertada, pero también establecen que las instituciones deberán aportar el dinero público suficiente para hacer frente al coste real del servicio. Por ello, el lehendakari ha manifestado que «nos corresponde a los recursos públicos hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza obligatoria», pero da un margen de tiempo a los centros concertados.

«Somos conscientes de la complejidad del proceso y queremos establecer un marco de confianza, compromiso y corresponsabilidad con los centros educativos», ha afirmado, al tiempo que ha reiterado que «para el Gobierno vasco la educación pública es una prioridad innegable». «Tiene su reflejo también en nuestros presupuestos, porque somos la comunidad autónoma que más presupuesto destina a Educación pública en todo el Estado; casi 10.000 euros por cada alumno», ha agregado.

El Departamento de Educación tendrá, por tanto, que aumentar de forma progresiva la financiación que aporta a la escuela concertada, de manera que a medida que estos centros reciban más dinero, las familias irán notando una rebaja en las cuotas que abonan. A tenor de un informe interno de Educación al que tuvo acceso este diario, el objetivo expreso de eliminar todas las cuotas de escolarización vigentes supondrá un sobrecoste anual de 288 millones de euros.

O lo que es lo mismo, el Gobierno vasco debería inyectarles una cantidad extra de 1.600 euros por alumno y curso para compensar la cantidad que actualmente perciben del dinero que aportan las familias. Según ha apuntado Gorrotxategi en su intervención, un estudio afirmaba que en Euskadi la media mensual que cobra la escuela concertada es de 160 euros y quee el 24% de la financiación de la escuela concertada corresponde a «cuotas de enseñanza»..

Urkullu ha anunciado, además, que el servicio de asesoría educativa está estudiando el caso de una familia bilbaína que ha denunciado a dos colegios concertados ante Educación por el cobro de cuotas ilegales, es decir, de servicios relacionados con la enseñanza. La portavoz morada ha aludido a la respuesta que la ikastola Begoñazpi ofreció a los padres reconociendo que se trata de «un importe obligatorio, ya que a pesar de que la ikastola es un centro concertado, la financiación del Gobierno vasco no cubre la totalidad de gasto». El lehendakari ha asegurado que se «está cumpliendo con los requisitos preliminares» y que el Departamento «tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente».

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