Dos de cada tres alumnos vascos no obtendrían el B2 de euskera al acabar la ESO

Esta cuestión ha capitalizado las intervenciones de los expertos que han comparecido este martes en la comisión de Educación para realizar sus aportaciones al proyecto de ley. El profesor y periodista Ricardo Arana ha puesto sobre la mesa una serie de datos del ISEI-IVEI, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación, dependiente del Gobierno autonómico. En concreto, ha citado una investigación del año 2005 que indica que «sólo el 33% del total del alumnado estaba en condiciones de superar» el nivel B2 de euskera al finalizar la ESO.

Además, según dicho informe, el 72% de ese tercio de estudiantes que aprobaría la prueba «tenía el euskera como lengua familiar». «Esto es», ha subrayado el experto, «la lengua familiar es la que produce mayores diferencias entre los resultados». «Exigir el B2 a los chavales y chavalas supondría excluir y estigmatizar a dos tercios de la población escolar», ha zanjado.

Es cierto que el informe citado data de hace casi veinte años. Pero también lo es que las evaluaciones diagnósticas realizadas desde 2009 (primer año en el que se implementaron) han evidenciado un paulatino descenso en el nivel académico de los estudiantes, tanto en euskera como en castellano y matemáticas. Así, por ejemplo, el 38,1% de los alumnos se encontraba en un «nivel inicial» de euskera en 2009. Diez años después, en 2019, el porcentaje se elevó al 53,5%. Apenas el 15,6% presentaba un nivel avanzado de euskera.

Asimismo, ha criticado que el proyecto de ley pretende «adelantar cuatro años» los requerimientos lingüísticos del modelo D. «Hoy, consideramos que el estudiante que ha cursado en euskera más de un 50% del curriculum y ha aprobado la asignatura de Euskera alcanza un nivel B1 al finalizar la ESO. Con este proyecto, el Parlamento vasco exigiría a todo el alumnado de 6º curso de Primaria lo que en la actualidad reconoce solo a una parte del que finaliza 4º curso de ESO».

Por su parte, Euskalgintzaren Kontseilua ha reclamado una «evaluación externa» para garantizar que el alumnado alcanza el citado nivel de B2 en ambas lenguas oficiales al finalizar la ESO. No obstante, sería una evaluación «no fiscalizadora», según ha puntualizado su secretaria general, Idurre Eskisabel, que ha recordado que las aportaciones de Kontseilua cuentan con el respaldo sindical y de importantes agentes educativos como Kristau Eskola o Ikastolen Elkartea.

Desde esa perspectiva, Eskisabel ha celebrado que la consideración del euskera como lengua minorizada en el texto articulado es «positivo» y ha afirmado que ve «con buenos ojos» la implementación de los proyectos lingüísticos por parte de cada centro para garantizar el conocimiento suficiente tanto en castellano como en euskera de los alumnos. Y ha solicitado «definir» qué significa que el sistema educativo tenga al euskera como «eje».

Paul Bilbao, ex secretario general del mismo organismo, ha profundizado en estos mismos conceptos. «La idea no sería quedarse con una 'foto finish', sino implementar un sistema de evaluación no punitivo desde Infantil para poder supervisar la evolución» del alumnado a lo largo de su escolarización y así «no llevarse las manos a la cabeza cuando los alumnos no logren el B2» con 16 años.

A su juicio, se trata de una cuestión de «justicia y equidad». «El sistema debe garantizar que los estudiantes son capaces de desenvolverse en las dos lenguas oficiales porque todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas y utilizarlas; luego ya que cada uno decida en qué lengua quiere desarrollar su vida».