Deusto incorpora los desafíos digitales a la Declaración de los Derechos Humanos

Tres alumnos han presentado la declaración en español, euskera e inglés en el paraninfo de la Universidad. /IGNACIO PÉREZ
Tres alumnos han presentado la declaración en español, euskera e inglés en el paraninfo de la Universidad. / IGNACIO PÉREZ

La Universidad presenta una declaración de 16 puntos que tiene en cuenta las nuevas situaciones que se dan en la red

XABIER GARMENDIA

Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, aún faltaban varias décadas para que el mundo digital se incorporara a nuestra vida cotidiana. En cambio, sería raro que a lo largo de la jornada de hoy no utilizáramos un teléfono móvil, una tableta o un ordenador conectado a Internet. Los usos tecnológicos han cambiado y, en consecuencia, las personas se enfrentan a nuevos desafíos que no se contemplaron en su día en la carta de Naciones Unidas. Precisamente por ello, la Universidad de Deusto ha querido recoger esos retos y plasmarlos en una nueva declaración. Se trata de la cuarta generación de derechos –después de los referidos a la libertad, la equidad y la solidaridad–, que ahora tienen en cuenta las nuevas situaciones que se dan en la red.

La declaración incluye 16 puntos que hacen énfasis en la privacidad, la seguridad, la libertad de expresión e incluso en el derecho al olvido, pero también en otros factores menos habituales en el debate público como latransparencia en el uso de algoritmos y la garantía de disponer de una última instancia humana en la toma de decisiones. El texto definitivo, elaborado por un equipo de diferentes disciplinas como el derecho y la ética, ha sido presentado esta mañana en un acto en el paraninfo de la institución jesuita. El rector, José María Guibert, ha señalado su preocupación por «el uso indebido de los grandes conjuntos de datos personales», con los que se puede lesionar la privacidad, la reputación o incluso la dignidad del ser humano. «Los usuarios hemos perdido el control de nuestros datos y tenemos que recuperarlo», ha sintetizado.

Guibert ha subrayado las amenazas de los entornos digitales para la democracia y la igualdad de oportunidades: «Internet es más poderoso que los gobiernos. Sabe más de nosotros que nosotros mismos». Así, las administraciones públicas tienen un papel predominante en ese reto. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha alertado sobre el riesgo de que las tecnologías acaben por hacer retroceder en el terreno en los derechos humanos. «Han sido demasiados siglos de lucha como para que ahora el cambio ponga en peligro todas esas conquistas», ha manifestado. Por ello, considera que la digitalización es «una cuestión de Estado» no solo por los desafíos virtuales que entraña sino también por la oportunidad que supone para «el reequilibrio territorial y social».

La ministra ha aprovechado el acto para reclamar un acuerdo entre las fuerzas políticas que repercuta en el acceso a las nuevas tecnologías en zonas rurales y despobladas. «Se debe resolver el déficit de infraestructura y cobertura móvil en España para fortalecer la productividad y el desarrollo económico del país», ha dicho. El objetivo que se marca el Gobierno central es extender la banda ancha digital de 30 megas por segundo «a todos los ciudadanos, vivan donde vivan». En todo caso, según Batet, no solo se tiene que aprovechar la eficiencia de las nuevas tecnologías, sino que también se debe humanizar: «Hay que ponerla al servicio de las personas y de los derechos humanos. Eso nunca se nos debe olvidar».

Por su parte, el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, se ha deshecho en halagos a la iniciativa de la Universidad de Deusto por su importancia tanto en la temática como en el momento. «Existe una creencia por la que parece que Internet es un ámbito exento del cumplimiento de los derechos humanos y no es así», ha señalado. En su opinión, lo que está prohibido o penado en la vida civil también debe estarlo en el entorno digital. Asimismo, ha destacado que Euskadi está «a la vanguardia de la protección de datos» con una ley propia y una agencia autonómica en este ámbito.

 

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