El Consejo Escolar retira la petición de horas mínimas de castellano

El Consejo Escolar retira la petición de horas mínimas de castellano
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El órgano que representa a la comunidad educativa reclama que la reforma de Celaá se comprometa a elevar el gasto hasta el 5,5% del PIB

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

El Consejo Escolar del Estado, el órgano asesor que representa la opinión de la comunidad educativa -padres, profesores, alumnos y expertos-, no ve problema alguno en que sean las autoridades educativas de cada autonomía con lengua cooficial las que decidan cuántas horas de castellano o del idioma local se utilizan para la enseñanza en los colegios e institutos de su territorio y qué asignaturas se impartirán en una lengua u otra. La mayoría del pleno de la institución, que debate sus alegaciones al anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno para derogar la Lomce, no pone objeción alguna al diseño de reparto de competencias en materia de lengua vehicular hecho por la reforma que la ministra Isabel Celaá quiere mandar este mes al Congreso.

De hecho, el pleno ayer dio un vuelcó al borrador de dictamen sobre el anteproyecto que había realizado su propia comisión permanente -en la que no están representados todos los grupos- en diciembre pasado. La mayoría decidió ayer suprimir la observación 60 del dictamen de la permanente, por la que el Consejo Escolar le proponía al Gobierno que en su proyecto de ley fijase «una proporción mínima de uso de la lengua castellana -en la escuela- en todo el Estado, como lengua oficial que es». La alegación ahora anulada, que fue impulsada por la asociación católica de padres de alumnos Concapa, consideraba que el proyecto del Gobierno hacía «una delegación total» sobre el uso vehicular del castellano a las autonmomías, «pese a ser el patrimonio de todos los españoles».

El dictamen que el Consejo Escolar del Estado remitirá al Gobierno lo que sí le reclamará es que la ley incluya el compromiso de que durante su periodo de aplicación (tres años) España alcanzará el 5,5% del PIB en gasto educativo, lo que supone elevarlo en 1,5 puntos e igualarlo con la media de la UE. Se trata del mismo compromiso que reclamó el PSOE en la oposición y que le llevó a abandonar el pacto educativo.