«La concertada debe homologarse a la pública, los abusos del sistema hay que corregirlos»

- ¿Por qué otra ley educativa, la octava de la democracia? ¿No bastaba con derogar los aspectos controvertidos de la Lomce?

- No. La Lomce fue ya una ley retrógrada y desfasada en 2013, y la sociedad ha evolucionado muchísimo. Cuando se produce un desfase entre lo que la sociedad demanda y lo que la escuela aporta en términos de capacitación de nuestros jóvenes hay que actuar.

- La ley se ha aprobado por la mínima, con gran contestación en la calle y condenada a ser derogada por el PP si vuelve a La Moncloa. ¿Entona el 'mea culpa' por no haber sabido concitar un consenso mayor?

- La ley ha salido respaldada por mayoría absoluta, por siete fuerzas políticas diferentes. La Lomce fue respaldada por un solo partido (el PP) y además en situación de mayoría absoluta.

- ¿Un pacto de Estado por la educación es un imposible?

- Es que es imposible acordar entre aquellos que pensamos que es necesario lograr el bienestar de todos y aquellos que solo cuidan el bienestar de los suyos o de algunos. Es casi imposible. Hay mucho más terreno de acuerdo en nuestra legislación educativa cuando hablamos de educación. ¿Pero alguien ha hablado de pedagogía?

- ¿Si la Religión quedase como está en la Lomce sería más fácil consensuar una ley educativa?

- La Religión en la Lomce, y esto lo tenemos medido y verificado, lo que ha hecho es elevar la nota. Por eso alumnos que no cursaban la materia en Primaria o en la ESO sí la cursaban en Bachillerato, con lo que la competencia necesaria que ha de observarse entre alumnos para poder entrar en una carrera o solicitar una beca contenía disfunciones.

- Las comunidades del PP han advertido de que tratarán de desactivar vía decreto las partes de la legislación que no les gustan.

- Haber afirmado como afirmó el líder del PP que esta ley no la iban a cumplir es una especie de llamada a la desobediencia. Y esto no es aceptable en un Estado de Derecho. ¿Que quieren llevarla a los tribunales? Están en su derecho.

- ¿No le resulta chocante que el PNV la haya aprobado con el argumento de que casi no tendrá incidencia en Euskadi?

- El PNV la aprueba porque le parece bien frente a la Lomce. Hacía falta una ley de equidad que permita que todos los talentos lleguen a su desarrollo máximo. Pero todos, no sólo algunos. Con la Lomce había unos itinerarios excluyentes desde la ESO que impedían que aquellos que tuvieran condicionamientos importantes pudieran salir de la escuela con un equipaje suficiente como para soportar las eventualidades de la vida.

- Pero al PNV no se le ve especialmente entusiasmado.

- Nosotros hemos tenido el respaldo y la lealtad del PNV, que yo agradezco, y es evidente que las diferencias entre una comunidad y otra en términos de equilibrios entre pública, concertada y privada son distintas. Nosotros ya trabajamos en el País Vasco por un Pacto Escolar, y la filosofía de ese pacto ha impregnado toda la escuela vasca. Y hay muchas cuestiones que contiene la ley que ya han venido siendo aplicadas y forman parte del acervo cultural de la historia de la educación vasca.

- Siempre alude a la búsqueda de la excelencia. Sin embargo, su ley facilita la titulación y dificulta la repetición de curso. ¿No es contradictorio?

- Es complementario. El sistema educativo español abusa de la repetición. Nuestro índice de repetición es de un 28% frente a un 11% de media en la OCDE. Y nuestro sistema no tiene alumnos ni más lentos ni más perezosos ni menos inteligentes que el resto de los países. Junto a la excelencia y la equidad, un binomio inseparable, hay que utilizar como metodología la personalización de la enseñanza. Y la digitalización nos va a ayudar mucho porque aporta otros espacios y más tiempo.

- El abandono escolar en España es siete puntos superior a la media europea. ¿Cuánto espera reducir con esta ley?

- Los programas de refuerzo a los alumnos de manera individualizada son un aspecto capital. Pero también la reducción de las repeticiones es absolutamente necesaria. Y hay que establecer con claridad cuáles son los aprendizajes esenciales. Y cambiar el currículum, porque el que tenemos es absolutamente caduco, enciclopédico y está muy desfasado.

- ¿Las nuevas directrices para la admisión de alumnos se aplicarán ya a las plazas escolares del próximo año?

- Claro. Se nos dice que las nuevas normas pueden coartar la libertad. Es radicalmente falso. Todo lo contrario. Incrementan la libertad de las familias. La ley afirma la libertad de enseñanza y la libertad de elección de las familias. Y se garantiza porque el servicio público de la educación se presta a través de la red pública y de los centros concertados. Lo que decimos es que algo que está sustentado con fondos públicos no puede, de ninguna de las maneras, tolerar la desigualdad en la admisión y el tratamiento de los alumnos. Un centro privado puede hacerlo, pero los centros sostenidos con fondos públicos tienen que mantener unas mismas reglas para la admisión y tratamiento.

- Pero la red concertada sostiene que los cambios le van a quitar alumnos y aulas.

- Lamentablemente el debate de esta ley ha venido acompañado de muchos conceptos falsos, de falsedades. La concertada está perfectamente integrada en la Lomloe. Salvo que pensemos que afirmar que las administraciones públicas tienen la obligación de incrementar plazas públicas en aquellos lugares en los que se necesitan sea entendido como una vulneración de la concertada, no hay ninguna razón para pensarlo. No sé por qué una parte de la escuela concertada ha tenido una reacción tan catastrofista, que no se corresponde para nada con el contenido de la ley.

- La concertada alega que su financiación es insuficiente. ¿Se van a poder cobrar cuotas?

- El servicio que prestan los centros concertados tiene que ser lo más homologable al que prestan los centros públicos en condiciones, en tratamiento y en ser receptivos y acogedores de todas aquellas necesidades que supongan un mayor esfuerzo al sistema. No queremos tener guetos en unos lugares mientras en otros está toda la diferencia económica. Los abusos del sistema hay que corregirlos.

- La red concertada se siente atacada, pero es llamativo que haya callado en Euskadi, donde representa el 50% del sistema. ¿A qué cree que obedece?

- Se han leído la ley y la han entendido. Por eso no ha habido una gran animadversión. Desde el pacto por la educación de 1990 en Euskadi hay otra filosofía, que es la que estamos viendo también en la Lomloe. De comprensión, de que la equidad también exista en la escuela concertada. No se han sentido de ninguna manera perjudicados por la Lomloe. Lo que significa que la concertada no debería sentirse atacada. La Lomloe no es una ley para el deslinde entre pública y concertada, para nada.

- Se le acusa de legislar contra la concertada y se le reprocha que lo haga cuando eligió esa red para educar a sus hijas.

- Estudiaron en las dos redes: en la concertada y en la pública.

- Se eliminó el término 'vehicular' en relación al castellano para que Esquerra diera el 'sí' a los Presupuestos. Chirría que se use una ley educativa en las negociaciones para las Cuentas.

- No ha sido así. El Consejo de Ministros aprobó un texto y luego en la tramitación parlamentaria se acordó un cambio que refrendó la mayoría absoluta del Congreso. La Lomloe tiene la disposición más garantista de toda la legislación educativa en relación a las lenguas. ¿Puede haber algo con más garantías que la afirmación de que las administraciones garantizarán que todo el alumnado reciba la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de conformidad a la Constitución y a los estatutos? ¿Y que añade que todos al final de la enseñanza obligatoria serán capaces de tener dominio pleno y equivalente en ambas lenguas y que se establecerán medidas compensatorias para llegar a ese objetivo?

- ¿Será posible entonces estudiar en castellano y en el idioma cooficial?

- Si tenemos que llegar al dominio pleno y equivalente, habrá que utilizar procedimientos que permitan llegar a ese objetivo.

- La ley busca una mayor integración de los alumnos con discapacidades en centros ordinarios, pero hacerlo con garantías cuesta muchísimo dinero. ¿De cuánto estamos hablando?

- Por eso la ley mandata al Gobierno a hacerlo en el plazo de 10 años. Que se afirme con ligereza que los centros de educación especial van a ser cerrados... La ley no dice eso. Dice que la Administración pública tiene que proveer de los recursos necesarios a los centros ordinarios para tratar a aquellas personas con discapacidad. Los centros de educación especial, además de ser puntos de referencia para el resto, seguirán teniendo alumnos.