Dos jóvenes cuentan la odisea que supone ir al médico en un pueblo de 10 habitantes: «El hospital está a 80 kilómetros»

Marina León

Viernes, 2 de mayo 2025, 17:02

Comenta

Si pedir cita para el médico en cualquier ciudad de España es, en ocasiones, toda una odisea, la cosa es más complicada cuando vives en un pueblo con menos de 50 habitantes. Esto es lo que denuncian Gabriel Yáñez y Victoria Sancho, dos primos de 26 y 27 años, en sus redes sociales (@repoblando).

Hace un tiempo decidieron dar un giro de 180 grados a sus vidas y dejaron atrás Barcelona para mudarse a un pequeño municipio de Soria, en la zona de El Burgo de Osma, que tiene tan solo 10 vecinos. Él es programador informático y ella oposita para profesora, lo que les ha permitido alejarse de la gran ciudad e instalarse en una vivienda familiar de 300 metros cuadrados.

Aunque aseguran que «no lo cambian por nada» y animan a otros jóvenes a seguir sus pasos asegurando que «la vida en el pueblo no es aburrida», también reclaman un buen acceso a la sanidad, para ellos y para sus vecinos. Con la intención de mostrar cómo es ir al centro de salud en su pueblo, han explicado los detalles en un video.

«El consultorio del pueblo solo se abre cuando viene el médico, una vez a la semana, y para que venga hay que pedir cita por teléfono, si tienes cobertura claro», cuentan. Por lo tanto, si tienen alguna urgencia, cogen el coche y «vamos al consultorio más cercano, que está a 20 kilómetros». En su caso, a San Leonardo de Yagüe. «Aquí se ofrece atención primaria, si tuviéramos un problema más grave, nos mandarían al hospital de Soria, a 80 kilómetros», añaden.

«El problema de que el médico no venga al pueblo es que por aquí la mayoría son personas mayores sin coche ni carnet de conducir», lamentan. «Entendemos que es complicado dar servicio a estos pueblos, pero obligar a la gente a desplazarse no es la mejor solución. Además, pagamos prácticamente los mismos impuestos que el resto», puntualizan. Para poner remedio, han habilitado una recogida de firmas dirigida a la Junta de Castilla y León contra la eliminación de las consultas en los municipios de menos de 50 habitantes.