«Los divorcios se van a retrasar dos meses con la mediación obligatoria»

Cabe resaltar que quienes critican esta ley no están en contra de llegar a acuerdos para evitar la judicialización, algo, lo de negociar, que «se ha hecho históricamente». El problema, dicen, es que una idea que «es buena», como la de tratar de que los ciudadanos arreglen sus problemas sin necesidad de que un tercero les imponga una solución, se ha plasmado en una ley que «no tiene en cuenta la realidad» ni crea recursos.

«Para que esto funcione, se tiene que dotar de una oficina propia, con personal especializado que se dedique a ese trámite», sostiene Adriana Obispo, delegada en Euskadi de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Estos funcionarios, que sostienen que ya tienen un «volumen de trabajo inasumible», se encargan, entre otras cosas, de analizar las demandas y la documentación antes de trasladárselas al juez. Y también son considerados MASC, por lo que prevén que su trabajo «se duplicará». «Hacer esto sin reforzar plantilla lo que consigue es que la Justicia sea más lenta y, por lo tanto, menos justa», incide.

Tan lenta, subraya Nerea Sologaistua, delegada en Euskadi de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que los procesos de divorcio o las medidas sobre pensiones se dilatarán «más de dos meses». La representante de este colectivo, que reclamó al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la «suspensión inmediata» de la normativa, puntualiza que «nosotros siempre negociamos, es habitual en Derecho de familia».

El problema ahora es que «la ley tiene unos plazos» que no siempre se ajustan a la vida real. Sí que quedan excluidas de estos métodos las medidas cautelares «cuando hay un menor en situación de riesgo», pero hay «situaciones urgentes y esenciales, como fijar una pensión de alimentos, el régimen de custodia y visitas o el uso del domicilio familiar», para las que antes se podían solicitar medidas provisionales previas a la demanda de divorcio y solucionarlas «en un par de semanas».

De momento, reconoce Nuria Cerván, de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, están «con incertidumbre». Antes de la entrada en vigor de la ley, se presentó un «aluvión» de demandas para eludir los MASC, por lo que se encuentran a la espera de ver qué sucede con los nuevos casos que se presenten en los juzgados. Augura, eso sí, que «si esto funciona, que yo creo que no, solo va a ser a costa del esfuerzo y la buena voluntad de todos los operadores jurídicos». Y lanza que «la causa del colapso de la Justicia está en otros lugares», como por ejemplo «en los pleitos masivos de escasa cuantía, como los relacionados con cláusulas bancarias y transporte aéreo, que podrían abordarse de otra manera con una legislación eficaz».

Elena Fernández Markaida, del Colegio de Psicología de Bizkaia, defiende que la mediación «es una herramienta fundamental» que, en los últimos años, «ha reducido muchísimo los litigios». La profesional, que fue coordinadora del Servicio de Mediación Intrajudicial del Gobierno vasco hasta 2018, asegura que desde la entrada en vigor de la normativa «ha habido muy poca repercusión en la práctica» por la «falta de organización». Pero destaca que, al menos, la ley está «dando la oportunidad de que el usuario pueda enterarse de que hay otros medios para solucionar sus problemas».