Condenan a algo menos de 10 años a un catedrático de la UPV por malversación

Este docente acaba de ser condenado por la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude y prevaricación por su etapa al frente de ese máster. Su esposa, C. I., que fue fichada por su marido de forma irregular, sin advertir a la universidad del procedimiento de contratación, también ha recibido una pena de dos años y 3 meses de prisión por los mismos hechos. Además, deberán indemnizar con 39.960 euros a la UPV/EHU, que ha ejercido la acusación particular en este proceso. El catedrático también tendrá que abonar a la universidad otro montante que todavía no se ha determinado.

La sentencia ratifica una condena previa de la Audiencia de Bizkaia e incluso agrava las penas impuestas, tras estimar la apelación de la Fiscalía y de la propia UPV. El dictamen, que es recurrible ante el Supremo, considera acreditado que los condenados se llevaron 213.115 euros de fondos públicos entre 2010 y 2015. La pareja se ha visto beneficiada por la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial.

El catedrático, que todavía está vinculado a la escuela de Ingeniería, asumió el cargo de director del máster en 1999. Estuvo al frente del curso de posgrado hasta 2016, el año en el que se dejó de impartir. Además, en 2002 se puso al frente del Departamento de Organización de Empresas, de la que dependía este curso para «ejecutivos».

Según la relación de hechos probados, el profesor era el encargado de «controlar y aprobar» los gastos del máster. ¿Cómo realizó la supuesta malversación? Lo hizo a través de dos vías. Por un lado se valió de Gecemat, la asociación de antiguos alumnos del máster. Este grupo -según el fallo- tenía como «única actividad» la celebración de un evento anual, que podía incluir una «comida» y una «charla» de un experto. No daba ningún servicio a terceros.

Sin embargo, el profesor y su mujer controlaban «de facto» la asociación y, quizá con la ayuda de una tercera persona, empezaron a emitir facturas falsas al máster que el propio acusado controlaba por importe de 173.155 euros. Fueron decenas de ellas. Después sacaban el dinero de Gecemat y lo ingresaban en su banco.

La otra vía era Eutelek, una empresa de calderería, telegrafía y asesoramiento de la que era administrador único el acusado. Lo que supuestamente hizo aquí fue presentar facturas a la universidad por una serie de trabajos que, en realidad, había hecho él mismo, no la empresa. Después aprobaba el gasto que él mismo había presentado haciéndolo pasar por servicios externos.