«A día de hoy sería política de ficción decir cuántos menores tocan a Euskadi»

«Otro tirón de orejas» al Gobierno por el reparto de los menores extranjeros no acompañados. Así define el Ejecutivo vasco la orden del Tribunal Supremo a Moncloa, bajo la amenaza de sanciones, de adoptar de manera urgente medidas para hacerse cargo de mil niños y adolescentes sin referentes familiares que se encuentran en Canarias y que quieren pedir asilo. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha valorado la resolución de los magistrados, que han reiterado el llamamiento que ya hicieron hace meses ante el «claro incumplimiento» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La responsable del departamento que gestiona las políticas migratorias en Euskadi ha subrayado que los procesos de acogida e integración no pueden depender «continuamente» de «sentencias», sino que se debe impulsar «un plan integral migratorio», como reclamarán mañana el lehendakari Imanol Pradales y su homólogo canario, Fernando Clavijo. En declaraciones a los medios ha asegurado que, pese a la aprobación en el Congreso el pasado abril de un real decreto-ley que modifica la normativa de extranjería para acelerar la «distribución territorial» de los menores no acompañados, «a día de hoy sería política de ficción decir cuántos menores tocan a Euskadi». «No lo sabemos», ha reiterado.

En una reunión técnica celebrada a finales de mayo entre representantes del Ministerio de Infancia y Juventud y de las autonomías, desde la cartera que dirige Sira Rego cifraban en 32 menores migrantes por cada 100.000 habitantes la capacidad que deberían tener las diferentes regiones. Euskadi debería disponer en total de 713 plazas, 79 más de las que tiene en la actualidad.

Sin embargo, ha expuesto Melgosa, «todavía» desconocen cuántos chicos y chicas llegarán al País Vasco «porque los datos que tiene el Ministerio, y lo han dicho ellos», no son «datos reales». En ese sentido, ha criticado que «algunas comunidades autónomas han mezclado conceptos» y han incluido en la información remitida al Ejecutivo central «a todos los menores que tienen tutelados en sus dependencias», y no solo a los conocidos como menas. También, ha afirmado, «hay comunidades que siguen sin dar el número exacto».

Lo que tienen claro en el Gobierno vasco es que se antoja necesario un plan estructural que incluya «un diagnóstico de la situación que viven las personas migradas»; una «participación y cogobernanza» porque hay diferentes administraciones con competencias; una «evaluación del propio plan»; «una memoria económica»; y «planes de contingencia vivos, porque la realidad migratoria es viva». En ese sentido, ha recordado que en Euskadi «somos sociedad de acogida, llevamos 20 años trabajando y tenemos nuestro propio plan de migración», por lo que se ha puesto «a disposición del Estado para enseñarles cómo hay que hacer políticas migratorias».

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