El desmarque a última hora del PP deja en el aire las conclusiones de la investigación de los comedores

El desmarque a última hora del PP deja en el aire las conclusiones de la investigación de los comedores

Los grupos aplazan la votación para pactar un texto sobre la responsabilidad política en el fraude, las pérdidas económicas y las mejoras a aplicar

AMAIA CHICO

La comisión de investigación sobre el fraude de los comedores escolares puede acabar sin conclusiones. El PP vasco se desmarcó a última hora, poco antes de que se reuniera la comisión, del texto que había pactado hace un mes con PNV y PSE, por lo que en la sesión que se celebró a las 15.30 horas a puerta cerrada, los grupos decidieron posponer la votación -hasta la última semana de mayo o primera de junio, tras las elecciones- ante el «riesgo» de que el trabajo llevado a cabo durante un año se cerrara sin un documento final pactado.

De momento, cada grupo mantiene sus propias conclusiones sobre la responsabilidad política que han tenido los diferentes Departamentos de Educación en el funcionamiento durante una década del cártel de empresas que se repartió el mercado, según sentencia firme. Pero sí coinciden, aunque con matices, en reconocer «quebranto económico» por el sobrecoste generado, que EH Bildu y Elkarrekin Podemos cifran por encima de los 70 millones de euros. Y asumen la necesidad de introducir mejoras en la contratación del servicio de comedores escolares, y en los sistemas de control de la Administración para evitar casos similares en el futuro.

La comisión de investigación parlamentaria llega al final después de una decena de sesiones en las que han comparecido 16 representantes de todas las partes implicadas: los de las empresas sancionadas, los máximos responsables de Educación, tanto políticos como técnicos, en cada legislatura desde 2003 a 2015, así como los encargados de la Autoridad Vasca de la Competencia que dictaminó las prácticas colusorias, e impuso la multa millonaria a las empresas, al final rebajada a 7,4 millones de euros por el TSJPV.

En este último trámite, la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte, de EH Bildu, remitió a los grupos hace unas semanas su borrador de conclusiones. En él, consideraba acreditados tanto la «práctica concertada» de las siete empresas de catering como «el sobrecoste de 7 millones repetido a lo largo de diez años», es decir, un total de 70 millones de euros, con cargo «a la ciudadanía y a las familias» de los alumnos que sufragan la mayor parte del servicio.

En su borrador, al que el resto de grupos han presentado sus alegaciones, Ugarte concluye además que existió «responsabilidades a nivel técnico, político y económico» por la «inacción» y «falta de control y seguimiento» de la Administración sobre los contratos adjudicados durante esos diez años, aunque asume que «no se ha podido acreditar ningún tipo de colaboración o connivencia entre las empresas sancionadas y los responsables» de Educación. Y, por último, traslada una serie de recomendaciones para favorecer la competencia, mejorar los sistemas de control y procurar que, si se repiten «prácticas fraudulentas y dañinas para la Administración», no solo se sancione a los infractores, sino que se exija «reparar el daño causado».

Romper la confidencialidad

Desde esa base, Ugarte consideraba ayer factible lograr un consenso básico para cerrar la comisión con un documento de conclusiones. «Habrá que ver», advierten PNV, PSE y también PP, molestos por que EH Bildu «haya roto la confidencialidad» de los trabajos al «filtrar» su borrador antes de debatirlo en el seno de la comisión. Los más contrariados fueron jeltzales y socialistas. Censuraron «el proceder» de Ugarte por «no procurar ningún acercamiento» con los grupos, pero sobre todo, denunciaron «la falta de seriedad» del PP al retirar su firma del texto pactado. Una decisión que achacaron a «la dirección» del partido, que «ha desautorizado a Juana Bengoetxea -la integrante popular de la comisión- y a Borja Sémper». «Ponen y quitan firmas según soplen los aires en Génova», reprochó José Antonio Pastor (PSE). «Es un nuevo viraje para debilitar al Gobierno vasco», añadió David Latxaga desde el PNV.

En su enmienda conjunta, los socios de gobierno aluden a la falta de «mecanismos suficientes de control» para advertir el fraude -aún no existía la Autoridad Vasca de Competencia, recuerda Pastor-, pero no reconocen responsabilidad política alguna y recalcan que en los contratos «se primó siempre la seguridad alimentaria, el equilibrio nutricional y la calidad». Sí asumen que hubo «quebranto económico», aunque no lo cifran, y recalcan que no hubo «connivencia» entre catering y responsables del Gobierno vasco. Además, incluyen recomendaciones «en aras a aumentar la competencia sin mermar la calidad del servicio». Entre ellas, facilitar la incorporación de pymes a los concursos, colaborar con la AVC, «hacer un seguimiento escrupuloso de la ejecución del contrato» o, como también señala Bildu, recoger en los pliegos las «medidas de reparación» si hay daño a las arcas públicas.

El PP justificó, vía redes sociales, su desmarque de este texto por «entender que eluden cualquier responsabilidad política del Gobierno vasco en un asunto con grave daño económico para las arcas públicas y muchas familias». Aunque Bengoetxea, que encajó el reproche de PNV y PSE, desvió el foco a «la imposibilidad de enriquecer el texto pactado con otras enmiendas», una vez que Bildu y Elkarrekin Podemos habían publicitado sus argumentos.