El derecho legal a una vivienda de 18.000 personas hasta 2025 exigirá al Gobierno vasco una inversión de 691 millones

El derecho legal a una vivienda de 18.000 personas hasta 2025 exigirá al Gobierno vasco una inversión de 691 millones
AFP

200 expertos de toda España participan en unas jornadas sobre la gestión pública organizadas en Bilbao como homenaje al centenario de Viviendas municipales

JOSÉ DOMÍNGUEZ

Las cifras son tan ambiciosas y exigentes que, aunque desde el propio Ejecutivo autónomo se confía en que en la práctica no se haga necesario desarrollarlas hasta sus últimos extremos, imponen bastante. Responden a los datos que se derivarían de la aplicación estricta del derecho subjetivo a una vivienda, una exigencia legal que obliga a garantizar un piso a personas sin recursos y que consagra la Ley Vasca de 2015, ratificada por el Tribunal Constitucional. Las previsiones del departamento de Vivienda del Ejecutivo autónomo que dirige el socialista Iñaki Arriola barajan que hasta 2025 este reconocimiento se debería adjudicar a más de 18.000 personas, a las que habría que o entregarles un piso en alquiler público o, en su defecto, proporcionarles ayudas para que puedan pagarlo ellas mismas en el mercado privado. En consecuencia, la inversión necesaria para hacer frente a este cometido rondaría los 691 millones de euros, según ha desvelado el viceconsejero Pedro Jáuregui en la inauguración de unas jornadas donde más de 200 expertos en la gestión de sociedades públicas de toda España debaten sobre el futuro del sector protegido. El evento tiene lugar en el Bizkaia Aretoa de la UPV, en Bilbao, como homenaje al centenario del organismo local Viviendas Municipales.

El propio Jáuregui ha mostrado su confianza en que los números se vayan suavizando a lo largo del desarrollo de la propia normativa autonómica («la demanda puede descender en el futuro o mejorar la escasa y cara oferta actual del arrendamiento por múltiples razones», ha matizado). Si bien al mismo tiempo ha asumido que, si nada variase las circunstancias actuales, los presupuestos del departamento de Vivienda no alcanzarían para cumplir el reto. «Ahora no hay pisos suficientes, aunque estamos inmersos en la tarea de aumentar el parque protegido de alquiler vía construcción y movilización de casas vacías para que salgan al mercado mediante ayudas y programas de intermediación públicos», ha reconocido.

Lo cierto es que los números confirman la realidad de las actuales carencias en este sentido. Hasta la fecha el Gobierno vasco ha recibido 5.367 solicitudes para beneficiarse del mencionado derecho subjetivo, pero hasta el pasado mes de agosto sólo se han reconocido 3.686. Y de esas, la viceconsejería sólo ha logrado adjudicar un piso de alquiler a 721, al resto se les han dado ayudas. «En la actualidad, y entre todas las administraciones públicas, tenemos sólo 18.000 viviendas en alquiler protegido disponibles para moradores con niveles de ingresos precarios, pero que ya están ocupadas», ha remarcado el responsable autonómico.

Uno de los problemas que se plantean es que la construcción de nuevas promociones para satisfacer la demanda se antoja «cara» y, en consecuencia, limitada. Y eso que el Plan Director de Vivienda del Gobierno vasco prevé que se levanten 6.350 pisos hasta 2020. Así que otra de las vías de intervención será la de los programas de alquiler público para movilizar viviendas privadas como Bizigune o Asap. Entre los dos gestionan ya 5.160 y el objetivo es que en tres años se alcancen los 6.400. Y también está el plan Gaztelagun, una iniciativa pionera dirigida en exclusiva a los jóvenes de entre 23 y 35 años y que recibirán ayudas de hasta 250 euros por persona (que se podrán aumentar hasta el 50% del coste final del alquileres de hasta 750 euros en las capitales si se opta por compartir piso) y que se pondrá en marcha el año que viene con el objetivo de llegar a 6.000 personas en 2021.

Todas estas iniciativas han recibido el apoyo de la gran mayoría de los expertos participantes en las jornadas, que se prolongarán hasta este jueves. Entre ellos destaca la presencia de la Secretaria General de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, que ha mostrado el compromiso del Gobierno central para promover políticas que permitan ampliar el parque público de alquiler. «Debemos afrontar aspectos como garantizar el derecho básico al acceso a la vivienda, que no sólo ampara la Constitución, sino que también pide el Tribunal Constitucional», ha remarcado.

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