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Las comisarías vascas han comenzado el año registrando menos denuncias por delitos contra las mujeres que en 2024. Por primera vez desde la pandemia, Euskadi ... encadena tres meses consecutivos de descenso -ligero, de un 5,28%- en las agresiones puestas en conocimiento de la Ertzaintza. Después de que el año pasado se cerrara con un nuevo récord de casos -7.118 delitos, casi un 30% más que en 2019-, el retroceso del último trimestre debe interpretarse con cautela. La radiografía de la violencia de género, coinciden expertas de diferentes ámbitos, no puede basarse solo en un porcentaje que puede ser coyuntural; esta expresión de machismo va más allá del dato. Pese al descenso, la estadística sigue siendo demoledora: cada día se registran 18 denuncias en el territorio.
Hablamos de comisarías porque esos números publicados por Emakunde proceden de la División de Estudios y Análisis del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que recopila lo que llega a la Ertzaintza, concretamente 1.615 victimizaciones en tres meses que afectaron a 1.440 mujeres. «Esa estadística no recoge datos judiciales, porque no siempre las denuncias se interponen en la policía, y muchas veces hay procedimientos que se han denunciado en otras comunidades autónomas y se trasladan a los juzgados de aquí», puntualiza Leticia Badiola, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao. El balance de la magistratura no se conocerá hasta junio, cuando el Consejo General del Poder Judicial suele publicar el balance del primer trimestre.
La jueza, de hecho, sostiene que sigue habiendo «un número elevado de delitos» contra la mujer y, en el caso de los tribunales, no aprecia que se haya producido «un descenso». Badiola expone además que, «en determinados momentos del año», como las épocas navideñas y estivales, es habitual que retroceda ligeramente el número de denuncias. Sin embargo, se muestra «segura» de que, «a finales de año, el número va a ser mayor que el anterior», como viene sucediendo curso a curso desde hace ya mucho tiempo.
Para Estíbaliz Linares, profesora de la Universidad de Deusto e investigadora, hay que estar pendientes sobre si esa disminución de denuncias se extiende al largo plazo. Entonces cabría realizar un análisis más profundo. El descenso en este arranque del año no le parece excesivamente «significativo», si bien enumera los diferentes factores que cree que influyen en la recogida de denuncias. El de la «sensibilización» de la sociedad puede tener dos caras: que la gente identifique mejor lo que es violencia y denuncie más, lo que eleva los casos que llegan a las policías, y que la sociedad esté mejor educada y se den menos episodios machistas, el principal objetivo de las políticas de igualdad desplegadas en los últimos años y que tanto cuestionan una parte cada vez más grande de la juventud, empujada por los movimientos antifeministas que encuentran acomodo en las redes sociales.
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En su experiencia, más que la reducción de la violencia, son otras cuestiones las que frenan la presentación de denuncias. «Es difícil para muchas mujeres porque hay que confrontar una situación sumamente compleja y dolorosa», explica. De ahí que «haya denuncias que se quitan», algo que no sucede porque «sean falsas», como vienen defendiendo desde esos «posicionamientos machistas», sino porque la mujer «no puede llevar adelante ese proceso». «Hasta que no tienen un acompañamiento más profundo, no acuden a la policía o al juzgado», explica.
Linares ve como «un gran avance», en ese sentido, que no sea necesario interponer una demanda para recibir protección. En 2021 se desplegó el llamado Protocolo Cero, que permite a los cuerpos de seguridad tomar medidas para preservar la integridad de las mujeres sin que las víctimas hayan acudido a una comisaría. En Euskadi, según los datos hechos públicos a finales del pasado año, 6.019 mujeres tenían algún grado de protección, más de la mitad por orden judicial (3.800) y las restantes, por la evaluación de riesgo realizada por los agentes.
Tampoco es un «requisito» denunciar para acceder a ayudas. De hecho, entre 2019 y mayo del pasado año se emitieron en Euskadi 1.375 acreditaciones administrativas de la situación de violencia de género, que correspondían a 1.060 mujeres. Son, defiende, afectadas que no «aparecen en las estadísticas», pero que existen.
Desde la asociación de supervivientes Bizitu hacen hincapié en que «solo se denuncian el 20% de los casos». Para su presidenta, Inma Mata, «lo que hay de fondo es muchísimo más», y le preocupan «las miles de víctimas que están solas, a las que nadie escucha». En su opinión, es preciso realizar un análisis «profundo» de «por qué la gente no denuncia». Y aporta, en ese sentido, algunas claves. «Las mujeres que nos llegan a nosotras cada vez están más desengañadas de la Justicia y dicen que, si hubiesen sabido lo que las esperaba, no hubiesen denunciado», asegura. Considera que «no se está dando respuesta» a las necesidades de las afectadas, que «las expectativas no se cumplen» y que, «si no hay muchas pruebas o una violencia extrema, no se condena; no se otorga credibilidad a las mujeres».
Recuerda que hace poco más de un mes, en conversación con una magistrada, ésta comentaba lo «bien que se había hecho todo» a nivel judicial «en el caso de Dani Alves». «Todos dábamos por hecho que la sentencia iba a ser un ejemplo y, a pesar de todo, se le ha absuelto», lamenta. Eso, afirma, provocará que «a muchas víctimas de agresiones sexuales -156 en Euskadi en los primeros tres meses del año- ahora ni se les ocurra denunciar».
Hace dos años, la entonces macroconsejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, junto a Emakunde, que dependía de esa cartera, pusieron en marcha un procedimiento para la acreditación de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Consta de dos fases, una primera en la que las entidades sociales especializadas deben presentar un informe de detección y una segunda en la que el Instituto Vasco de la Mujer emite un documento administrativo que da acceso a la víctima a apoyo y recursos para salir adelante.
Desde entonces, según los datos remitidos por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, al Parlamento vasco a petición de EH Bildu, han concedido esa acreditación a seis afectadas. Según los últimos datos hechos públicos por el Departamento de Seguridad, entre 2010 y 2022 la Ertzaintza detuvo o investigó a 72 personas acusadas de explotación sexual y liberó a 65 afectados, 63 mujeres y 2 hombres. Eso no significa que todas cumplan los requisitos para ser consideradas víctimas ni que éstas, aunque lo sean, quieran participar en un proceso judicial y declarar contra sus captores.
De hecho, recoge un informe de Médicos del Mundo España sobre la acreditación de estas mujeres, en los informes de detección, «las entidades sociales especializadas tienen que recoger datos excesivamente detallados y difíciles de conseguir sobre los indicios de trata o explotación sexual» para que el proceso acreditativo «resulte exitoso». En Euskadi, en cualquier caso, de los siete informes presentados por las ONG, han sido seis los que han contado con el aval de Emakunde.
Los datos
1.615 victimizaciones contra las mujeres ha contabilizado la Ertzaintza en los tres primeros meses del año, un 5,28% menos que en el primer trimestres de 2024. La mayoría, 1.166, corresponden a violencia ejercida por la pareja o expareja, 293 a violencia intrafamiliar y 156, a delitos contra la libertad sexual.
7.118 delitos de este tipo registró la Policía autonómica el pasado año, un 30% más que en 2019.
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