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La decisión de las autoridades de Tenerife de permitir el acceso al Teide solo a montañeros federados, con material de invierno y una acreditación ... vino precedida de unos días caóticos en noviembre. 130 personas tuvieron que ser rescatadas en solo tres jornadas tras intentar acceder a la cima del Teide «sin el material adecuado» en una situación de alerta y con temperaturas bajo cero. Las autoridades aseguraron que los rescatados tendrían que hacer frente al pago del operativo. El montante, 1.800 euros por persona.
En Euskadi, la situación es diferente. De los casi 5.000 rescates –4.954, según datos proporcionados por el Gobierno vasco– realizados desde 2012, no se ha cobrado ninguno de los que han tenido la montaña como escenario. La razón es que la ley de tasas que regula las sanciones, aprobada en 2011, no contempla el montañismo como «actividad o deporte de riesgo» – sí lo son la espeleología, la escalada o el esquí–. Es el mismo caso que el senderimo o la recogida de setas. De acuerdo a esta norma, solo se cobrará si se sale al monte en situación de alerta roja o naranja por fenómenos meteorológicos adversos, si la actividad se realiza en zonas peligrosas o de acceso restringido o prohibido, o de si se simula una situación de riesgo. Los más afectados son los escaladores, con 23 casos. Las tasas son las siguientes: 37,08 euros por agente que participe en el operativo, 39,14 euros por vehículo y 2.155,79 euros si se moviliza el helicóptero.
En el caso del aventurero leonés, Asturias estudia si debe pasar la factura por el amplio despliegue humano –hasta 57 profesionales– y técnico que se desplegó para dar con él. En el caso de Cantabria, ayer mismo anunció que no lo haría. «El 112 nunca ha cobrado rescates salvo imprudencia o temeridad», asegura el responsable de su federación.
«Quien decide si se trata de una imprudencia es un juez», subraya la fuente consultada del Greim. Lo confirma Íñigo Ayllón: «Lo que para mí es una imprudencia, para Killian Jornet no lo es». En ambas autonomías existe una normativa de tasas -en Asturias desde 2014; en Cantabria, la última actualización de la norma data de 2022- que se aplica con más frecuencia en la primera. Aun así, solo se ha obligado a hacer frente a estos pagos en una treintena de ocasiones desde 2015, como a un ciclista que se adentró en la ruta de El Cares cuando está expresamente prohibido hacerlo en bici y tuvo que ser auxiliado. En el caso cántabro, la última vez que se cobró el pasado verano, cuando dos espeleólogos se aventuraron en la cueva de Soba sin avisar al 112. Tuvieron que pagar 3.875 euros por su «imprudencia». En Pirineos el rescate es gratuito aunque en algunas ocasiones se ha cobrado la asistencia sanitaria.
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