La contención con correas en las cárceles vascas se multiplica por cuatro en dos años

Se trata, según portavoces del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, de una medida que dura «el tiempo indispensable» y que está «dirigida a garantizar la vida de los internos». Solo se pone en marcha si hay una situación con «riesgo» de que un interno «se haga daño a sí mismo o destroce el mobiliario de la celda».

La evolución de los últimos años la ha facilitado, a petición del PP, la consejera María Jesús San José. Los populares solicitaban información sobre las contenciones tras examinar el último balance del Defensor del Pueblo, en el que se hacía referencia a que en 2023 (último ejercicio del que la oficina de Ángel Gabilondo tenía datos) «se había producido un incremento general de la aplicación de medios coercitivos en todas las administraciones».

En su informe, el ómbudsman destacaba el uso de sujeciones en el País Vasco y Cataluña, donde «un importante número de contenciones mecánicas se practican a mujeres, personas jóvenes y extranjeras». En el documento remitido al Parlamento vasco por la consejería no hay cifras desagregadas por nacionalidad ni por edad, ya que, apuntan, «la Administración penitenciaria vasca no dispone de herramientas de trabajo que permitan» la extracción de esos datos.

Sí que se distingue por sexos y, en el caso de las sujeciones «de larga duración» se aprecia que apenas se aplica esta medida a mujeres. Se inmovilizó así a una reclusa en 2023, a otra en 2024, a ninguna en 2022 y a ninguna en lo que llevamos de 2025, cuando se han colocado estas correas a diez varones.

El documento también recoge las sujeciones mecánicas de corta duración, las personas que son esposadas para ser trasladadas a aislamiento y que se han multiplicado por quince, de 16 en 2022 a 247 en 2024 y a 73 en lo que va de año. En ese caso, la presencia de mujeres en la estadística es mayor, aunque oscila entre las dos y las diez sujeciones anuales.

Detrás de ese gran incremento, explican las mismas fuentes, hay tres factores. El primero es un «cambio en el sistema de registro», puesto que anteriormente se anotaba el traslado a aislamiento, pero no siempre se apuntaba si se habían utilizado esposas. El segundo es «el aumento de la población reclusa, sobre todo de hombres que están en régimen ordinario».

El tercero, «la mayor complejidad de los ingresos de los últimos años», sobre todo «asociados a problemas de control de conducta, drogas, control de impulsos, inmadurez...». Esto, sostienen, «obliga por pura seguridad a utilizar esta medida», que «tiene una afección mínima en los reclusos», es «proporcionada» y está «sujeta a un control muy exhaustivo».