El Supremo obliga a Osakidetza a abonar los complementos desde 2012

El Supremo obliga a Osakidetza a abonar los complementos desde 2012

La nueva sentencia fuerza al Servicio Vasco de Salud a repartir entre 7.000 trabajadores más de cien millones, que al final podrían ascender a 250

Fermín Apezteguia
FERMÍN APEZTEGUIA

Osakidetza tendrá que repartir entre 7.000 de sus trabajadores más de cien millones de euros en concepto de complemento de desarrollo profesional, un plus que dejó de abonarse en 2012 y que tiene que volver a las nóminas de los empleados, según ha confirmado en una nueva sentencia el Tribunal Supremo. Con anterioridad, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió un fallo de iguales características, que llevó el Servicio Vasco de Salud a aceptarlo, aunque solo a medias. Comenzó a retribuir este concepto, que tiene que ver con la antigüedad, pero recurrió el fallo judicial para ver si se ahorraba los atrasos. Un juez del Supremo le ha dicho ahora que no, aunque el Gobierno vasco tampoco se da por vencido. El Departamento de Salud dijo ayer que «respeta» la resolución, pero que no se posicionará «hasta que se resuelva el recurso de casación» que interpuso en el TSJPV.

«En realidad, no están en juego cien, sino 250 millones de euros», según informó este miércoles el sindicato ELA, ya que numerosos trabajadores no han podido acceder en los últimos años a una mejora en el puesto. El conflicto, que merece la pena recordar para saber de qué se está hablando, arranca en 2011, durante el gobierno socialista de Patxi López, cuando figuraba al frente del departamento de Sanidad Rafael Bengoa. Ese año, Osakidetza realizó una convocatoria de «desarrollo de la carrera profesional» con la que quería ofrecer a los trabajadores la posibilidad de mejorar de nivel y, por tanto, de salario.

La cifra

7.000
funcionarios comienzan a cobrar este mes el complemento profesional y están a la espera de percibir los atrasos.

Para conseguirlo, las bases establecieron que debía acreditarse una antigüedad de 5, 11, 18 o 25 años, además de una serie de méritos, como la realización de cursos formativos y la participación, entre otras, en actividades docentes o de investigación. Lograron superar la prueba unos 7.000 funcionarios, pero el dinero nunca se pagó.

Razones para el impago

No se hizo, en primer lugar, porque López y Bengoa dejaron sus cargos sin que los trabajadores conocieran los resultados de las pruebas, quién las había superado y quién no. El PNV recuperó el gobierno y el mandó del sistema vasco de salud en 2012, con Jon Darpón al frente del Departamento. Los sindicatos le reclamaron entonces que se resolviera este asunto, pero el titular de la consejería prefirió obviarlo.

Dos años después, en 2014, la presión sindical llevó al entonces director general de Osakidetza, Jon Etxebarria, a salir al paso y afirmar que el pago de este dinero quedaba en suspenso de manera temporal debido a la crisis económica, pero se comprometió a reactivarlo cuando la recesión cediera.

Ese momento nunca llegó. Sindicatos y Gobierno abrieron una negociación, que se rompió dos años después cuando las centrales, ante la falta de acuerdo, decidieron recurrir a la vía judicial. El primero en pronunciarse fue el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria, que en una sentencia salomónica decidió que los empleados que se habían presentado a la prueba tenían derecho a conocer el resultado, pero no a cobrar plus alguno, porque la Ley de Presupuestos del País Vasco, como la del Estado, impide incrementos salariales.

Disconformes con la decisión, los representantes de los trabajadores apelaron al Tribunal Superior, que les dio la razón. Los participantes, dijo, tienen derecho «a percibir las retribuciones que les correspondan por la carrera profesional con abono de los atrasos correspondientes». El Gobierno recurrió al Supremo y el resultado ahora ha sido el mismo. Salud tiene que abonar un plus que, en función de la categoría y trayectoria profesional, oscila entre los 1.310 y 11.543 euros al año. El sindicato ELA volvió a exigir ayer la negociación de un nuevo modelo de desarrollo profesional basado «en criterios objetivos y que no resulte discriminatorio».