Los tres jefes médicos imputados en la OPE de Osakidetza declararán después de las elecciones

Representantes sindicales muestran la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía en junio de 2018. /B. A.
Representantes sindicales muestran la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía en junio de 2018. / B. A.

Los últimos en testificar serán tres directivos del Servicio Vasco de Salud, que pueden pasar de ser testigos a convertirse en investigados por el fraude

FERMÍN APEZTEGUIA

El proceso judicial por las irregularidades en la OPE de Osakidetza ya ha comenzado. La juez encargada del caso, la titular interina del juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, Yolanda Varona, ha puesto fecha para que comiencen a desfilar ante ella las diferentes personas relacionadas con la investigación. Los tres primeros en testificar serán los tres jefes médicos acusados de un delito de «filtración de secreto por funcionario público», por el que según el artículo 417 del Código Penal podrían ser castigados con un máximo de tres años de prisión. La toma de declaraciones comenzará la última semana de mayo, con el previsible fin de que el arranque de la instrucción no coincida con ninguna de las citas electorales –primero, elecciones generales (28 de abril) y después, municipales y forales (26 de mayo)–.

De Bilbao, sede de la Fiscalía Superior del País Vasco –autora del informe en el que se basa el procedimiento–, el caso regresa a la capital alavesa, donde comenzó todo. La razón por la que se verá allí es doble. El delito que se juzga se produjo en Vitoria, donde se realizaron los exámenes de las categorías médicas; y por otra parte, el Servicio Vasco de Salud tiene su sede social allí, en esta misma ciudad. La responsable de la investigación pasa a ser, por otro lado, la mano derecha del titular del juzgado de instrucción correspondiente y no su máximo responsable, Jaime Tapia, que se halla inmerso en otro proceso de amplio calado:el caso 'De Miguel', el mayor juicio por corrupción en Euskadi, que está visto para sentencia.

El proceso, paso a paso

La juez Yolanda Varona emitió la semana pasada un auto muy breve para dejar constancia de que acepta a trámite la denuncia de la Fiscalía y abre diligencias. La primera medida adoptada por la magistrada, tal como se esperaba, ha sido llamar a declarar a los que se considera como responsables directos de las irregularidades denunciadas en las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo.

La jefa de servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital de Basurto, María Reyes Vega Manrique, tendrá que responder cómo fue posible que cuatro de los cinco facultativos que aprobaron el examen de esta categoría fueran, los cuatro, miembros de su equipo. La Fiscalía, en su informe de acusación, lo califica como «un resultado insólito».

El jefe de servicio de Anestesiología del hospital Araba, César Augusto Valero, también deberá explicar si fue casual que los opositores de su servicio obtuvieran las mejores notas de la prueba teórica. El resultado fue sorprendente hasta el punto de que la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, escribió en su informe para el juez: «La reacción inicial de los miembros del tribunal al conocer los resultados del primer examen fue de disolverse y marcharse, muy nerviosos, ante el resultado producido».

El tercer acusado, de momento, es el especialista José Luis Cabriada Nuño, redactor del examen de Digestivo. En este caso, también, las cuatro mejores notas pertenecen a profesionales de su equipo y, quizás lo más llamativo, la mejor de todas, a una médico con la que el denunciado también «trabaja en un centro privado». En este caso se da la circunstancia de que la oposición parlamentaria afeó hace unos días al Gobierno el nombramiento de Cabriada Nuño como jefe de servicio en el hospital de Galdakao, después de saberse que estaba siendo investigado como sospechoso del fraude.

Favorecer las irregularidades

La lista de investigados podría verse aumentada a seis personas, si se confirma, como sospecha la Fiscalía, que tres directivos de Osakidetza pudieron haber favorecido las irregularidades. Uno de ellos, el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, presentó su dimisión, tras conocerse el cese, también a petición propia, de la directora general, María Jesús Múgica, que reclamaba la oposición. Junto a Soto podrían ser juzgados como investigados el subdirector de Recursos Humanos, Xabier Balerdi, y el director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, que a día de hoy se mantienen en sus puestos (de libre designación), pese a saberse que podrían ser acusados.

Entre los tres jefes médicos y los tres directivos de Osakidetza, declararán 10 testigos, entre ellos la propia María Jesús Múgica. Lo habitual es que un proceso de este tipo se prolongue durante seis meses, pero son tantas las personas que han de declarar antes de que arranque la vista oral que podría prorrogarse hasta los 18 meses, como contempla la legislación. En ese caso, el inicio del juicio salvaría también la otra gran cita electoral que preocupa al Gobierno vasco. La fecha límite para la celebración de las elecciones autonómicas es septiembre de 2020.