Los centros de crisis vascos atienden a más de 700 víctimas de violencia sexual en apenas un año
Estos cuatro espacios, abiertos 24 horas, también acompañaron a al menos una treintena de familiares y allegados de mujeres afectadas
Los cuatro centros de crisis abiertos en el último año en Euskadi para atender a víctimas de violencia sexual han atendido a 703 afectadas desde ... su puesta en marcha. Los datos los ha ofrecido en la Comisión de Igualdad del Parlamento vasco la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, que ha puesto el acento en que el «estigma social» que pueden sentir las mujeres atacadas «es uno de los principales obstáculos que reprime» el presentar una denuncia.
La responsable del Instituto Vasco de la Mujer ha acudido al Legislativo vasco a petición de EH Bildu, que ha planteado sus dudas sobre las posibles diferencias entre los centros al carecer de un «protocolo común», ya que son las diputaciones forales las que se encargan de la gestión. La representante del Gobierno vasco, en ese sentido, ha aclarado que existe «coordinación» entre las diferentes instituciones involucradas, que aunque pueda haber «diferencias» los «criterios comunes son compartidos» y que los profesionales que atienden a las víctimas tienen un perfil similar, con equipos «multidisciplinares» integrados por trabajadores de la psicología, el trabajo o la educación social y el derecho y «formados». En ese sentido, ha matizado, durante el 2023, antes de la puesta en marcha de las diferentes instalaciones, se impartió una formación específica a 120 personas relacionadas con los centros.
El primero de los centros en abrir las puertas, el 15 de diciembre de 2023, fue el de Bizkaia, territorio que inauguró un segundo espacio de recuperación integral y atención ciudadana. A 31 de enero, habían atendido a 491 víctimas, con un perfil mayoritario de mujeres de entre 21 y 30 años (122 casos) y de 41 a 50 (114). En el grueso de las afectadas, 236, habían pasado más de seis meses desde la agresión cuando se pusieron en contacto con el centro. Y es que, ha subrayado Elgarresta, estos lugares seguros, que están abiertos 24 horas, se dirigen a cualquier mujer, independientemente de cuándo haya padecido el incidente o de si ha presentado o no una denuncia.
Ha querido distinguir además entre lo que serían «emergencias» y «crisis». Las primeras hacen alusión a «un escenario en el que se requiere de una atención inmediata», que puede incluir «auxilio, protección, atención sanitaria de urgencia...», mientras que una crisis es «un escenario en el que no necesariamente se requiere de una atención inmediata, pero sí de la máxima celeridad». Estas situaciones pueden derivar de «asuntos no resueltos» sobre los que se puede «trabajar para reducir el daño», como por ejemplo «recuerdos intrusivos, disociación» y otros traumas que requieren «más apoyo», por lo general.
Mayor visibilidad
En el segundo de los centros abiertos, Tximiletak (Álava), también eran mayoritarias las agresiones sucedidas hacía más de seis meses (88 de los 165 expedientes abiertos). En este caso, además de 151 víctimas, contactaron con el centro catorce personas del entorno de alguna afectada para solicitar información. En Gipuzkoa, donde el pasado verano comenzó a funcionar Hariberria, a 1 de febrero se habían atendido 260 consultas y se habían abierto 79 expedientes, 61 referentes a víctimas directas y 18 a familiares o personas allegadas.
Elgarresta, tras repasar estos datos, ha hecho hincapié en que tan solo se conoce «la punta del iceberg» de la violencia sexual, pero confía en que «estos nuevos centros 24 horas» ayudarán a que esta violencia «se vaya destapando». Para ello, entiende Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, deberían estar «más abiertos» a la población, porque «la visibilidad ayuda a la desestigmatización».
El Gobierno vasco ultima el decreto de ayudas a víctimas de violencia sexual
El Gobierno vasco ha iniciado la tramitación del decreto para conceder ayudas a víctimas de violencia sexual vulnerables, aquellas que carezcan de rentas mensuales superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una prestación, que nace de la ley del 'solo sí es sí', que sufragará el Ejecutivo central pero que gestionarán las autonomías. De ahí que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ultime la regulación de estas aportaciones, que oscilarán entre los 3.420 y los 13.680 euros, en función de las responsabilidades familiares y personales de las personas afectadas. En ese sentido, se establece que, con carácter general, las víctimas percibirán un mínimo equivalente a seis mensualidades del subsidio de desempleo, que este año se sitúa en 570 euros. Aumentará dependiendo de las personas que tenga la víctima a su cargo o de si padece alguna discapacidad. Están dirigidas, según la ley, a personas con «insuficiencia de medios económicos», con la vista puesta en «garantizar su autonomía económica y facilitar así la recuperación integral de las víctimas más vulnerables». Para acreditar la condición de víctima de violencia sexual, se exigirá una sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar. También se podrá presentar, en caso de carecer de alguna resolución de los tribunales, un informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género... La solicitud de la ayuda deberá realizarse en un plazo de cinco años desde el último «título emitido a favor» de la persona afectada.
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