La Audiencia Nacional coordina con las autonomías el proceso por fraude contra iDental

A la reunión asisten, además, la Fiscalía y los representantes del Ministerio de Justicia, departamento que ha colaborado en la puesta en marcha de una oficina especial para apoyar la gestión de esta macrocausa y ha creado una aplicación informática específica para la eficaz tramitación del procedimiento judicial. El objetivo de la reunión es doble. Por un lado, se pretende fijar las directrices de la custodia y tramitación por parte de las comunidades autónomas de las historias clínicas de los perjudicados, bajo la supervisión de la Audiencia Nacional. Por otro lado, se solicitará a las consejerías la recopilación y el envío de determinados conjuntos documentales relacionados con la causa.

Mientras tanto, el Juzgado Central de Instrucción 5, cuyo titular es el magistrado José de la Mata, ha adoptado medidas especiales de buenas prácticas en la gestión de un macroproceso, que en este caso cuenta ya con 200 piezas abiertas que corresponden a diligencias incoadas en juzgados de distintas provincias. Se estima que en esta causa superen las mil piezas separadas y que el número de personas perjudicadas sea de varias decenas de miles.

El Juzgado Central 5 se hizo cargo de esta investigación el pasado 26 de julio a raíz de una denuncia de afectados de Andalucía y se investigan los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Unos días más tarde, el órgano judicial coordinó una operación policial con registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, con el objeto de incautar información tanto societaria como de historiales clínicos de pacientes. Aunque son 24 los centros repartidos por toda España, y son muchas provincias donde no hay constancia de su existencia –en Euskadi, ninguno de los tres territorios–, la Audiencia ha citadoa los responsables de la consejerías de Sanidad, Salud Pública o Cobnsumo de todas las comunidades salvo Navarra, La Rioja y Baleares, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.