Arriola exige a las diputaciones igualar la fiscalidad de alquiler y compra

Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos, apuntó que el objetivo es «equiparar las desgravaciones fiscales de las viviendas en propiedad a las de alquiler y a las que se encuentren en rehabilitación para que haya una justicia social». Pero, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, habló sobre la posibilidad de reducir el importe del crédito fiscal que se otorga a los pisos en propiedad de 36.000 euros por contribuyente a 18.000.

Con el monto restante crearían un nuevo crédito enfocado a las personas arrendatarias «ejecutable vía desgravación, devolución o titularización», algo que hasta ahora no existe. En la actualidad los vizcaínos pueden deducirse hasta el 20% del alquiler con un límite máximo de 1.600 euros.

Yoldi confirmó a EL CORREO que aunque esta medida «podría limitar el tiempo en el que un inquilino se deduce el arrendamiento -ahora puede hacerlo de por vida-, garantizaría que las rentas más bajas, como mínimo, puedan desgravarse esos 18.000 euros». Cabe destacar que en 2020 se alcanzó un gasto total de desgravaciones de 432 millones de euros, de los cuales 312 correspondieron a domicilios en propiedad o cuentas vivienda, según informó Yoldi en el 'International Congress on Housing Policies'.

El departamento también planteó crear una nueva deducción en el IRPF destinada a las obras de rehabilitación que combinen eficiencia energética y accesibilidad con conservación y digitalización e incrementar a su vez la deducción para el pago del arrendamiento con un criterio de progresividad, o lo que es lo mismo, que el «beneficio fiscal no sea el mismo para las rentas altas, bajas o medias».

Por último, otra de las acciones que Yoldi consideró óptima es la de aumentar las bonificaciones «hasta el 90%» para aquellas personas arrendadoras que rebajen un 5% el precio del alquiler en pisos situados en zonas tensionadas.