El Ararteko ve con «preocupación» el récord de quejas recibidas sobre vivienda

En una comparecencia a solicitud del PP para exponer su análisis sobre las quejas del funcionamiento del Gobierno vasco y del conjunto de las administraciones vascas en materia de vivienda en los años 2022, 2023 y 2024, Lezertua señaló que «el área de Vivienda recibe cada año un elevado número de reclamaciones que reflejan la complejidad y diversidad de los problemas que enfrenta la ciudadanía en el acceso y el disfrute de una vivienda digna y adecuada». Indicó que estas quejas ciudadanas «abarcan desde la necesidad de acceder a una vivienda de protección pública, hasta el análisis de situaciones de emergencia residencial, pasando por los desacuerdos en la tramitación de ayudas económicas o las controversias contractuales en el disfrute de las viviendas de protección pública».

El Ararteko advirtió de que «la demanda de vivienda protegida excede ampliamente el número de viviendas públicas de que dispone la Administración vasca. Esta situación, marcada por una demanda creciente y un parque público insuficiente, se viene repitiendo año tras año».

Lezertua explicó que el mayor número de quejas que recibe su institución está motivado «por las dificultades en el acceso a una vivienda digna y adecuada». Entre ellas, mencionó los casos concretos de «las personas separadas o divorciadas y las dificultades a las que tienen que hacer frente a la hora inscribirse como demandantes de vivienda protegida de manera independiente», así como el de familias «de seis o más miembros que tienen restringido el acceso a la participación en igualdad de condiciones que las demás personas interesadas debido a la limitada superficie útil de las viviendas construidas».

Otro tipo de reclamaciones que, a su juicio, requieren de una «mención especial» son las de las personas arrendatarias de viviendas de protección pública que «no ven satisfecho su derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada por carecer el inmueble del espacio suficiente o del número de dormitorios necesarios», sobre todo en aquellos casos en los que se han tenido hijos desde la adjudicación de la VPO. Por ello, instó a la Administración a facilitar la recolocación de estas unidades convivenciales a una vivienda adaptada a sus necesidades.

Por último, Lezertua advirtió de «la imperiosa necesidad de dar celeridad a la tramitación de la prestación» del derecho subjetivo a la vivienda, al tiempo de que se preguntó «si con 300 euros al mes es posible encontrar una vivienda en el mercado privado actual».