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El caso de las monjas de Belorado sigue siendo una fuente constante de anécdotas y noticias imprevistas, como su conflicto de esta semana con la feria gastronómica Madrid Fusión, pero a la vez, por debajo de todas esas peripecias chocantes, continúa funcionando la maquinaria judicial ... que se puso en marcha a raíz de la ruptura del convento con Roma. La Archidiócesis de Burgos ha emitido este viernes un comunicado en el que actualiza esa vertiente del asunto, con tres novedades entre las que destaca el aplazamiento del desahucio de las religiosas que permanecen en Nuestra Señora de la Bretonera, programado inicialmente para el próximo 23 de enero.
Según aclara el arzobispado, todo apuntaba ya a que se iba a posponer el desalojo de las monjas cismáticas (que no constituyen toda la comunidad, porque también hay cinco religiosas muy mayores que, ajenas a la polémica, siguen siendo clarisas). La dificultad de notificar la demanda de desahucio a todas las interesadas obligó a suspender la vista señalada para el pasado 19 de diciembre, y a eso se ha sumado «el tiempo judicialmente inhábil durante la Navidad y la necesidad de respetar los plazos procesales».
Todo ello ha llevado al Juzgado de Briviesca a dejar sin efecto su planteamiento original, sin fijar de momento fecha alternativa. El comunicado de la archidiócesis puntualiza, con respecto a esta situación, que una exreligiosa que estaba demandada junto a las demás y posteriormente abandonó el monasterio ha manifestado su conformidad con la petición de desahucio.
Otro frente judicial que continúa abierto es la demanda que interpusieron las propias religiosas contra el arzobispo Mario Iceta, a quien la Santa Sede nombró en su momento comisario pontificio para solucionar la crisis doctrinal e inmobiliaria que desencadenaron las monjas. La comunidad reclamaba a los tribunales que, más allá de las diferencias religiosas y como medida cautelar, se pusiese fin a la actividad de Iceta como administrador de las cuentas del convento. El Juzgado de Briviesca ha rechazado esa petición.
El arzobispado insiste en que la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu sigue haciendo frente a los gastos de las tres sedes de esta comunidad (Belorado, Orduña y, ya desocupada, Derio) con «gran esfuerzo y sacrificio» de otros monasterios «con economías muy modestas». Según las cuentas de la diócesis, «a día de hoy se han aportado ya 225.000 euros» y, solo en diciembre, el importe ascendió a 33.681 euros.
Finalmente, la archidiócesis ha solicitado a la Fiscalía que nombre un curador para velar por «el cuidado integral» de esas cinco monjas mayores que no han tomado parte en el cisma. «Constituyen la verdadera comunidad monástica del monasterio de Belorado y siguen sin recibir la necesaria atención espiritual católica desde el pasado 13 de mayo de 2024, vulnerando el derecho fundamental de libertad religiosa que les asiste», argumentan.
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