40 años, semanas separada y sin denuncia: el perfil de las víctimas de la violencia machista en Bizkaia

El Consejo General del Poder Judicial aprobó en 2018 la creación de comisiones provinciales de coordinación contra la violencia de género, que en el caso del territorio preside la responsable de la Audiencia, Reyes Goenaga. Cuatro años después, en el seno de este grupo, se impulsó un equipo para revisar los feminicidios y los intentos de homicidio con la vista puesta en «avanzar en la prevención y detección precoz, analizando en profundidad los factores de riesgo y de protección».

El resultado, el informe 'Prevención de los feminicidios: Análisis de casos de violencia de género con resultado de muerte en Bizkaia (2010-2022)' se hizo público ayer con el reto de mejorar la «agilidad en la respuesta social e institucional», porque, de la aproximación detallada a estos episodios –doce asesinatos con sentencia firme y diez casos de violencia en los que la víctima sigue con vida– concluyen que esa celeridad «contribuye a disuadir al agresor y proteger a la víctima».

Los investigadores que han estudiado la documentación han involucrado a profesionales de Osakidetza, Ertzaintza, judicatura, del servicio de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Bilbao, de la cárcel de Basauri, del Instituto Vasco de Medicina Legal y de la Universidad de Deusto. Pero también han tenido encuentros con familiares de las mujeres asesinadas y con diez de los homicidas (dos no han querido participar). Se trata de un informe pionero a nivel estatal. Estuvo unos meses parado, ya que tuvo que recabar el permiso de los condenados tras la advertencia de la entonces Agencia Vasca de Protección de Datos, y conminaba a no utilizar la información personal de estas personas sin contar con su expresa autorización.

El análisis cifra en un 0,05% la incidencia de los asesinatos sobre las 23.989 actuaciones policiales recogidas por el observatorio vizcaíno de 2013 a 2023. Además recoge la «necesidad» de definir unos «indicadores de vulnerabilidad» que permitan afinar más a los profesionales. Mujer migrada, hijos o personas dependientes a su cargo, barreras idiomáticas, ausencia de recursos económicos, carencia de red familiar y social de apoyo, antecedentes de violencia de género con otras parejas... son algunos aspectos en los que fijarse y que se repiten en muchos de los casos.

Las mujeres asesinadas, con una media de edad de 40,6 años, eran en su mayoría de origen español (siete frente a cinco). Solo una tenía estudios universitarios y seis estaban trabajando. Nueve, además, tenían hijos, seis de ellas con su asesino. Dos acarreaban problemas físicos y otras dos psiquiátricos y tres habían sido agredidas por parejas anteriores. El arma blanca fue la herramienta con la que fueron asesinadas la mitad y, en diez de los doce asesinatos, ocurrió con «una especial violencia», de forma general en el domicilio común (cinco) o en el de la víctima (tres).

Pero uno de los aspectos más destacables es que, si bien «se desconoce el deseo de separación» de cinco de las mujeres asesinadas, las otras siete estaban en trámites o habían manifestado su deseo a personas cercanas. En ese sentido, llama la atención que un caso sucede a la semana de la separación, otro a las tres semanas, dos a las cuatro semanas y uno más a las dieciséis.

Cinco de las mujeres habían denunciado y, en otro caso, el sistema sanitario había detectado «la presencia de ideas agresivas y de muerte hacia la víctima». En el informe se puntualiza que tres de esos casos se produjeron antes de 2012, cuando se impulsaron mejoras en los protocolos de actuación de la Ertzaintza. En cualquier caso, sostienen que «se han detectado en varios casos» que no han tenido un resultado de muerte «incrementos del riesgo derivados de retrasos en el señalamiento de los juicios o en la ejecución de las sentencias». Una situación que «puede incidir en que se produzcan hechos futuros de mayor violencia e incluso el feminicidio de la víctima».

Otro de los objetivos que plantea el equipo es «ampliar el foco atencional hacia el hombre» para mejorar la prevención al identificarse «factores de riesgo de violencia». El perfil que surge del análisis es el de un hombre de 42,8 años español (ocho), dos con estudios universitarios (hay datos de ocho) de los que siete trabajaban, dos se movían en la economía sumergida, dos estaban en paro y uno no tenía «ningún tipo de ingresos».

Diez presentaban en el momento de los hechos al menos un diagnóstico clínico. Cinco presentaban rasgos antisociales, dos narcisistas, uno paranoide y dos límites. Seis habían ejercido violencia de género contra las parejas que acabaron asesinando y 2 tenían antecedentes de violencia de género con otras mujeres. Once, además, presentaban «niveles elevados o muy elevados de ira, nueve de impulsividad y seis de celos». Por ello, sostienen, «es necesario reforzar la detección precoz» en ámbitos «como el sanitario y el asistencial de los servicios sociales», ya que son espacios a los que acceden «tanto víctimas como victimarios».

Los asesinatos de violencia machista dejan más damnificados que las mujeres asesinadas. A las doce mujeres que murieron tras ser atacadas por sus parejas o exparejas en Bizkaia se suman otras dos allegadas, hija y madre de sendas víctimas. Pero también quedaron atrás trece menores huérfanos, que perdieron a su progenitora, en la mayoría de los casos a manos de sus padres.

Una de las recomendaciones que recoge el informe es precisamente «visibilizar la violencia» que sufren «los hijos de las víctimas», porque «las secuelas de la violencia sufrida», sostienen, «condicionará su desarrollo madurativo, en algunos casos de manera irremediable». De hecho, inciden en el informe, y aunque «ha incrementado la concienciación» con respecto a la violencia que se ejerce «sobre los hijos de víctimas», ven necesario, en el momento en el que la mujer accede al sistema policial, «indagar siempre» sobre la existencia de menores a su cargo al tratarse de una «variable de riesgo».