Las afectadas por el escándalo de las mamografías en Andalucía presentan 25 denuncias

El paso dado por Amama se produce cuando ya están en marcha dos investigaciones. El 23 de octubre la Fiscalía de Andalucía anunció la apertura de diligencias para investigar la prestación sanitaria dada a las afectadas, que se tradujo en retrasos de hasta dos años en los diagnósticos dudosos. Un día después, la Fiscalía de Sevilla incoaba el expediente para estudiar la presunta destrucción de pruebas denunciada por algunas pacientes. «Entraron a sus historias clínicas online y comprobaron que habían desaparecido datos o se habían modificado», explicó a este periódico entonces María José de la Fuente, una de las portavoces de Amama. Según la Junta de Andalucía, las mujeres afectadas por la crisis de los cribados son 2.317, pero desde la asociación contradicen esta cifra y calculan que «hay más de 4.000».

Desde que estallara hace más de un mes el escándalo, el Gobierno andaluz y las pacientes han ido elevando el nivel de desencuentro. Hasta el punto de que Ángela Claverol, presidenta y cara visible de Amama, se levantó este lunes de la segunda comisión de seguimiento del cribado del cáncer de mama, una serie de encuentros con asociaciones y agentes convocados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía –a la primera sesión no quiso asistir Amama-. La portavoz de la asociación denunció que han sido vetadas en el Parlamento andaluz y que, tras su encuentro de la semana pasada con el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se le había pedido firmar un acuerdo de confidencialidad que no se había exigido a ningún otro participante.

Una de las funciones de estas comisiones es 'auditar' las acciones del plan de choque que anunció la Junta de Andalucía tras conocerse los fallos en la citación para una segunda prueba a mujeres cuyas mamografías habían arrojado un resultado dudoso. Inicialmente, el presidente andaluz atribuyó estos errores a «una disfunción en los sistemas informáticos» y explicó que, pese a que la web de la consejería de Sanidad especifica que en caso de que haya que hacer pruebas adicionales las interesadas recibirán la citación por correo, los diagnósticos dudosos no se comunicaban «para no introducir un elemento de ansiedad».

Tras conocerse el fallo y sus consecuencias, el gobierno de Moreno anunció una inyección de 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales que permitan a las mujeres que han sufrido los retrasos en el diagnóstico tener hechas las pruebas adicionales que necesiten antes del 30 de noviembre. El gobierno andaluz ha asegurado que de las más de 2.000 mujeres citadas nuevamente, en estos momentos falta por hacerles la segunda prueba a 217.

La crisis de las mamografías ha supuesto una tormenta social -se han celebrado varias manifestaciones- y política. En este último plano, la primera víctima fue la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, que dimitió hace un mes. La semana pasada, el Consejo de Gobierno andaluz cesaba al delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, por la responsabilidad que tenía sobre el Hospital Virgen del Rocío, el centro donde se han denunciado la mayor parte de los casos denunciados.