Acusan a Justicia de desmontar la oficina judicial en el País Vasco

Los sindicatos denuncian que mientras el resto de comunidades autónomas van a «copiar» el plan adoptado en Euskadi con una «eficiencia sobradamente demostrada», en el País Vasco se va a «destruir» para crear otro «al exclusivo servicio» y por «capricho de la judicatura, sin pensar en la ciudadanía».

Culpan a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, de plegarse al criterio de los jueces, impuesto por su asesora en el sector de Prisiones, la magistrada Inés Soria. La propia San José defendía en noviembre de 2024 que el «nuevo modelo derivado de la Ley de Eficiencia está prácticamente implantado en Euskadi con la Nueva Oficina Judicial, excepto en Bilbao», con «muy buenos informes estadísticos por parte del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ)».

¿Qué ha pasado en apenas cuatro meses? Según las secciones de LAB, ELA, CC OO y CSIF en Justicia, se va a «sacrificar la rapidez en la tramitación de la ejecución de las sentencias en pro de acelerar el dictado de sentencias para aumentar la productividad de la judicatura», es decir, «lo que cobran los jueces», en detrimento del interés de la ciudadanía, para «integrar la ejecución atomizándola por jurisdicciones». Representantes sindicales han mantenido varias reuniones con la consejería en la que le han pedido que se realice un «estudio de las cargas de trabajo», ya que auguran un empeoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia.

Los letrados de la Administración de Justicia ya emitieron un comunicado advirtiendo precisamente de que el desmantelamiento del servicio de ejecución provocaría retrasos en la aplicación de sentencias, en el cobro de multas y pensiones alimenticias o los embargos, entre otros. Se desarrollará en tres fases, la primera de ellas en juzgados pequeños como los de Getxo, Durango, Balmaseda o Gernika, a partir del próximo 1 de julio.