La acusada de estafar a la seguridad social con una enfermedad ficticia sigue percibiendo la prestación

A pesar de ello, este lunes se ha iniciado un juicio en la Audiencia de Gipuzkoa contra ella por un delito continuado de estafa agravada por el que solicita imponer 5 años de prisión. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la cantidad percibida ilícitamente ascendería a 132.072,32 euros.

En la causa estaban personadas cuatro aseguradoras y la Seguridad Social, que acusaban, además de a la mujer, a otras tres personas como presuntos cómplices de la estafa, su marido y dos conocidos de la pareja. Sin embargo, en las alegaciones previas a iniciarse el juicio las defensas han solicitado la renuncia a la acusación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, al alegar que durante la instrucción, que se ha prolongado durante 8 años, el INSS emitió un escrito renunciando a ejercer acciones penales o civiles contra la denunciada. El tribunal ha aceptado dicha solicitud y la entidad pública se ha tenido que retirar, y con esta acción se ha retirado la acusación a una de las presuntas cómplices.

Según denuncia la Fiscalía, en 2008 la acusada contrató seis pólizas de aseguramiento por incapacidad permanente y absoluta en compañías de San Sebastián, Andoain y Bilbao. Al año siguiente, en septiembre de 2009, comenzó un proceso de «simulación de enfermedad» ante distintos médicos para crear «la falsa impresión diagnóstica de patologías mentales incapacitantes». Y lo hizo, señala el fiscal, «con la finalidad de obtener un beneficio económico ilegítimo» a costa de la Seguridad Social y de las compañías de seguros. El 15 de septiembre obtuvo la baja por incapacidad temporal, y a los meses comenzó el proceso para que la Seguridad Social declarase su incapacidad permanente.

Así, recoge el texto acusatorio, «logró generar la convicción de que realmente» padecía una enfermedad mental que provocaba incapacidad permanente absoluta y que los médicos describieron de la siguiente manera: «Desvitalización, inhibición, síntomas psicóticos delirantes de ruina, culpa y de tipo paranoide con déficit funcional global ( social, familiar y laboral)». También le atribuyeron una limitación consistente en «bloqueos del pensamiento, síntomas psicóticos delirantes de culpa, ruina, indignidad, auto-referencia y perjuicio con déficit funcional global».

Con esta valoración, los responsables de la Seguridad Social dictaron una resolución el 4 de mayo de 2010, reconociendo su incapacidad permanente absoluta y su derecho a recibir una prestación mensual de unos 1.000 euros en 14 pagas. En total, la acusada recibió 132.000 euros en 122 mensualidades, por lo que estuvo cobrando la prestación más de 8 años.

Sin embargo, cuando se interrumpió dicha pensión por la presunta estafa en 2015, la mujer reclamó a un juzgado de lo social, que determinó que seguía enferma y que debía aprobarse de nuevo su incapacidad. El INSS recurrió al TSJPV, que le dio la razón y no solo restituyó las pagas, que a día de hoy sigue cobrando, sino que también ordenó el pago de las mensualidades suspendidas.

En el juicio la acusada se ha acogido a su derecho a no declarar. Su marido, acusado por las asegurados por ser cómplice de la estafa, ha explicado que en 2008 habían contratado varias pólizas por el «miedo» a que su mujer padeciera alzhéimer, enfermedad por la que murió la madre de esta, y que por ello se querían «asegurar». «En un principio queríamos contratar tres, por unos 300.000 euros cada una, pero una nos la denegaron y por eso pedimos más por menor cantidad», con el objetivo de llegar al millón de euros de compensación, ha explicado.

Respecto al otro acusado por presuntamente ser cómplice de los hechos, su defensa afirma que su intervención en el caso se limitó a acompañarle a una de las oficinas de las aseguradoras contratadas, pero que ni siquiera permaneció en la reunión, como ha reconocido el marido de la presunta estafadora.