Urkullu quiere cerrar el mes que viene el traspaso completo de las transferencias

El Ejecutivo vasco cifra en 37 las materias cuya atribución debe pasar a sus manos. La mayoría son meros servicios, como la gestión de los aeropuertos, de líneas ferroviarias o de las autopistas A-1 y A-68. Otras, en cambio, son competencia de primer nivel cuya transferencia tendría un importante calado político. Por ejemplo, la gestión de la Seguridad Social, el control de las cárceles y las políticas de inmigración. Obtener las dos primeras es «prioritario» para PNV y PSE, según se recoge en su pacto de gobierno.

Todas las competencias pendientes se recogen en el informe que el consejero vasco de Autogobierno, Josu Erkoreka, envió a comienzos de verano a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Ambos desbrozaron el camino por el que ahora avanzan Urkullu y Sánchez. En el encuentro que mantuvieron el pasado junio en La Moncloa, el presidente del Gobierno y el lehendakari evidenciaron su sintonía, y la de sus partidos, anunciando pasos inmediatos que van cumpliéndose. Primero fue la retirada del recurso del Estado contra la ley vasca de abusos policiales y luego el inicio del acercamiento de presos. El tercer pacto abría la puerta a completar el Estatuto, y para eso se decidió activar una comisión bilateral que vaya dando pasos.

La primera reunión de la comisión está programada para septiembre, y el objetivo de la delegación vasca, que encabezará Erkoreka, es arrancar al equipo de Sánchez un cronograma concreto para ejecutar las transferencias pendientes. Que el compromiso del Estado quede por escrito por si la convulsa política nacional acaba con el Gobierno de Sánchez antes de que lleve a cabo los planes que tiene para Euskadi. «Es poner negro sobre blanco», resumen portavoces del Ejecutivo autonómico. La petición no va a pillar de sorpresa a La Moncloa, ni mucho menos. El PSE ya se ha mostrado este mismo año a favor de elaborar un calendario y porque en la segunda conversación sobre el Estatuto que mantuvieron Erkoreka y Batet a finales de julio ya se sugirió la necesidad de marcar plazos para completarlo. «En seis meses habrá un calendario de transferencias, incluida la Seguridad Social», garantizaba a finales del pasado julio el portavoz socialista en el Parlamento autonómico, José Antonio Pastor, en una entrevista concedida a este periódico.

Lo que sí se advierte desde Madrid es que los asuntos que más interesan al Ejecutivo vasco -prisiones y la Tesorería de la Seguridad Social- son materias «sensibles» que van a requerir paciencia porque su transferencia presenta «dificultades serias». Se ven complicaciones «técnicas» pero, sobre todo, políticas. Sánchez debe obrar con cautela para que sus gestos no sean interpretados como concesiones al PNV por su apoyo en la moción de censura.

En paralelo al trabajo que se desarrolla con el Estado, al que el lehendakari ha pedido que acelere el proceso de transferencias como gesto «integrador», Urkullu también tiene entre sus prioridades para el arranque del curso político la necesidad de desbloquear la actualización del Estatuto, cuya primera fase se cerró en julio en el Parlamento sin demasiado éxito.

Consciente de que el pacto alcanzado entre PNV y EH Bildu -y su tono de hondo calado soberanista- no tiene recorrido real -es el Congreso quien debe autorizar en última instancia la reforma del Estatuto-, Urkullu va a intensificar durante las próximas semanas sus llamadas a que los partidos vascos atenúen sus pretensiones. Lo pedirá el martes, tras el Consejo de Gobierno de Miramar, y, especialmente, durante el discurso que ofrecerá en el pleno de política general que se celebrará en el Parlamento el 20 de septiembre.