Urkullu orilla el «pacto de país» por el euskera que le ofrece Bildu al no ver «cuestionada» la normalización

En la primera sesión de control al Gobierno de este año en el Parlamento vasco, la coalición abertzale ha interpelado al jefe del Ejecutivo por los fallos judiciales que se han sucedido en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, hace un mes el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó que el Ayuntamiento de Barakaldo exigiera los perfiles 2 y 3 a trabajadores de una subcontrata. El caso de la localidad fabril se suma así a los de Irún y Llodio. También hace una semana un juzgado de Vitoria ordenó a la Academia de Arkaute que readmita a un centenar de policías locales que no acreditaron el nivel B2.

En opinión de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, estas sentencias constituyen todo un «ataque contra el proceso de normalización del uso del euskera» y, por ello, la Administración debería responder. De esta manera, la representante soberanista ha ofrecido a Urkullu un acuerdo de país que cuente «con el mundo del euskera, todos los agentes, todos los ciudadanos y todas las formaciones políticas» para conseguir que la vasca «esté en el sitio que le corresponde, a la par que otras lenguas». Hay que decidir, ha agregado, si ésta es «una política central o periférica».

La oferta de la principal fuerza de la oposición ha caído en saco roto porque Urkullu ni siquiera la ha mencionado. El mandatario nacionalista ha circunscrito los fallos judiciales a ámbitos locales. «Lo que se discutía judicialmente es si hay determinados puestos de empleados públicos que están bien o mal perfilados sobre la exigencia del euskera para acceder al empleo público», ha concretado para concluir que ninguna de esas decisiones pone en riesgo la normalización lingüística. Un proceso que, según ha recordado, ya ha alcanzado «acuerdos de país» en el pasado y «se mantienen».

Aunque el lehendakari no considera necesario renovar dichos pactos, sí se ha comprometido a «no cejar en el empeño» para que toda la sociedad vasca pueda ser atendida en cualquiera de los dos idiomas oficiales. «En este país bilingüe, las administraciones públicas tenemos que sumarnos a la defensa proactiva de los derechos de la ciudadanía, así como de los derechos lingüísticos, sin tibiezas», ha expresado. Para ello, ha pedido «el consenso» tanto de la sociedad como del propio Parlamento vasco, de manera que sirva «como un sonoro llamamiento».