Urkullu niega que hablase sobre las restricciones con Revilla, que lamenta el «malentendido»

En unas manifestaciones a los medios en San Sebastián, tras participar en la apertura de la Junta de socios de Elkargi, Urkullu ha dicho que ya ha manifestado su «sorpresa a Revilla» sobre esta cuestión. «Por no hablar, es que ni he hablado con el presidente de la comunidad de Cantabria. No entiendo estas declaraciones», ha apuntado.

En cuanto al decreto que el Gobierno vasco aprobará el viernes para hacer frente al fin del Estado de alarma este domingo, ha señalado que no puede «avanzar nada», porque están «valorando todavía lo que son decisiones que en el conjunto del Estado se puedan estar adoptando». «No solamente por lo que haya sido la decisión del Gobierno español ayer, sino también por lo que son medidas que otras comunidades autónomas puedan estar planteando como adopción para el próximo día 10, por lo tanto, vamos a estar en proceso de análisis permanente y el viernes decidiremos», ha incidido.

El presidente de Cantabria aseguró ayer que había hablado con el lehendakari sobre las restricciones. En concreto, sobre su intención de no abrir las fronteras. Una decisión que, en todo caso, quedará en manos de los tribunales. «Lo tendrá consultado», resumió el presidente cántabro.

Tras el desmentido del lehendakari, Revilla aclaraba poco después que sus controvertidas manifestaciones se limitaron a interpretar unas declaraciones públicas del propio Urkullu, que él mismo le remitió vía WhatsApp a primera hora de la mañana de ayer, por lo que lamenta que sus palabras hayan podido generar «un malentendido».

En esas declaraciones Urkullu indicaba que a lo largo de esta semana aprobará un decreto que entrará en vigor cuando caiga el estado de alarma, «con la intención de mantener las restricciones cuatro, cinco o seis semanas». Estas palabras, sumadas a su petición de prorrogar el estado de alarma, fueron las que dieron lugar a la valoración del presidente de Cantabria, quien, no obstante, precisa que la conversación fue a través de mensajes de telefonía móvil, por lo que no descarta haber «malinterpretado» la intención del lehendakari.

Revilla, en todo caso, insistió ya ayer en que Cantabria abrirá sus fronteras a partir del domingo, lo que podría provocar una situación paradójica. Que los residentes en la comunidad puedan trasladarse a Asturias y Castilla y León, pero no al País Vasco. Solo «si la situación se pusiese muy grave, muy grave» se podría pensar en adoptar medidas restrictivas de mayor calado, afirmó el líder regionalista. Pero siempre tras consulta previa al Superior cántabro. «Y si hay respaldo jurídico se aplica, y si no lo tiene, no se aplica», señaló el presidente de Cantabria.

Por su parte, la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha criticado a Revilla por hacer pública una conversación privada. «Me parece mal. Creo que si un presidente tiene una conversación privada contigo, debes mantener la discreción. La discreción en política no es contraria a la transparencia, y garantiza muchas cosas, y, en ese sentido, no me ha parecido bien, pero ha sido muy del estilo Revilla«, ha concluido.

La apertura de la muga entre Euskadi y Cantabria se ha convertido en uno de los elementos con mayor carga simbólica de la pandemia. Los dos mandatarios autonómicos se reunieron en junio de 2020 en Kobaron para escenificar el fin del primer estado de alarma y la posibilidad de que se pudiesen realizar viajes entre las dos comunidades. Miles de vascos, en especial vizcaínos, tienen segunda residencia o viajan de forma habitual a localidades como Castro, Noja o Laredo. El impacto económico en dichos municipios es enorme.

En principio, se daba por hecho que la decisión de Pedro Sánchez de no prorrogar el estado de alarma permitiría los desplazamientos y haría imposible mantener el toque de queda al ser dos derechos fundamentales. Pero ahora no está tan claro. El Gobierno vasco insiste en que dada la situación pandémica es necesario tener un paraguas legal, y de ahí el decreto que se está preparando como 'plan B'. «Estamos buscando garantías jurídicas para las medidas», insisten desde el Ejecutivo de Urkullu.