Urkullu cierra filas con Bildarratz pero admite que deberían «haber sido más cuidadosos»

La polémica estalló el pasado viernes, cuando EL CORREO reveló en exclusiva que el Gobierno vasco adjudicó el 25% de las rutas escolares de Gipuzkoa a Autocares Urpa S. L., de cuyo consejo de administración es miembro Joanes Labayen. El abogado, que además es marido de la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, a su vez ejerció de asesor jurídico del Departamento de Educación para tratar de resolver el conflicto con las propias empresas de transporte escolar antes del inicio de curso. Al conocerse la información, la oposición denunció un «escándalo mayúsculo» y hasta Urkullu urgió a esclarecer el asunto «con la máxima celeridad».

Siete días más tarde, con varias reuniones internas de por medio para cerrar todos los flecos, el mandatario nacionalista ha querido proclamar que ha dado carpetazo al tema sin tomar ninguna medida. Ha aprovechado un desayuno informativo de Fórum Europa en Bilbao al que también ha asistido el propio Bildarratz para dirigirse a él desde la tribuna y darle su bendición en público llamándole incluso por el nombre de pila. Según el lehendakari, «no hay conflicto de intereses ni incompatibilidad legal alguna» en el hecho de que Labayen ejerciera de asesor jurídico de Lakua tras adjudicarse a su empresa contratos por valor de 4 millones de euros.

Urkullu ha realizado una profusa explicación en la que en todo momento quiso discernir la licitación de las rutas escolares y la posterior contratación de una asesoría externa para tratar de solucionar el conflicto con las empresas. «Son dos cuestiones distintas», ha antepuesto. Lo primero se produjo en julio, «en un concurso público y atendiendo todos los procedimientos administrativos y legales». Ha precisado además que la mesa de contratación está compuesta «sólo por funcionarios» y que se guía por «parámetros objetivos». Y lo segundo tuvo lugar en agosto, con el objetivo de «contar con las garantías jurídicas» para asegurar el servicio antes de que arrancara el curso académico.

El único 'pero' se lo pone Urkullu al relato que su propio Gabinete ha difundido desde que surgió la polémica. Ha hecho un llamamiento interno a ser «cuidadosos para evitar interpretaciones incorrectas» después de que Educación ofreciera versiones contradictorias entre sí en cuestión de días. En un primer momento, el equipo de Bildarratz aseguró a este periódico que el Departamento desconocía los vínculos empresariales de Labayen. Sin embargo, el consejero afirmó todo lo contrario el lunes, cuando admitió que el propio asesor le informó personalmente de su situación. «Y nosotros no vemos ninguna incompatibilidad», trató de zanjar.

El lehendakari, consciente de la trascendencia que ha adquirido el asunto en estos últimos días, quiere pasar página cuanto antes y blindar al consejero en su cargo. Urkullu no es dado a dejar caer a sus compañeros -sólo lo hizo con Jon Darpón cuando los partidos de la oposición, con mayoría, preparaban su reprobación por las irregularidades en las OPE de Osakidetza- y menos en un momento como éste. Ya no sólo por el horizonte electoral de las autonómicas, que también, sino por la fase decisiva en la que se adentra justo ahora la Ley de Educación, un eterno deber pendiente del inquilino de Ajuria Enea que encomendó a Bildarratz al inicio de su tercer mandato, en 2020.

La oposición, en cambio, no da ni mucho menos por zanjada la polémica. A la espera de escuchar las explicaciones del consejero en la comisión de Educación que se celebrará el próximo miércoles, Elkarrekin Podemos-IU ha registrado una solicitud para abrir una comisión de investigación a la que este viernes se ha sumado también el PP. «Es necesario tomar testimonios, recibir documentación y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas oportunas», ha explicado su portavoz, Carmelo Barrio. La iniciativa, en todo caso, no tiene visos de prosperar porque la decisión final depende de la Mesa, controlada por PNV y PSE-EE, y ni tan siquiera está respaldada por ahora por EH Bildu.