La UCO registra los domicilios de los responsables de ADIF y Carreteras con Ábalos
El juez de la Audiencia Nacional que instruye parte del 'caso Koldo'' recibió el pasado viernes al aval del instructor del Supremo para investigar a Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por su papel en el presunto amaño de contratos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en el llamado 'caso Koldo', está registrando desde las 8:00 de la mañana ... de este jueves por orden del juez los domicilios en Madrid y otras localidades de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021).
Según fuentes de la investigación, la decisión llega una semana después de que el juez que investiga el denominado 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente -dada la condición de aforado del exministro Ábalos, hoy diputado del Grupo Mixto-, solicitara al juzgado de la Audiencia Nacional que lleva parte del caso que valorase investigar los «indicios consistentes» contra Pardo de Vera y Herrero en las presuntas adjudicaciones irregulares a varias constructoras.
Los agentes de la UCO, en el marco de la resolución del juez Ismael Moreno que autoriza estos registros domiciliarios, también se han personado en las sedes de ADIF (gestor de la infraestructura ferroviaria) y Carreteras, ambos entes dependientes de Transportes, para hacer una serie de requerimientos de información que ya habrían finalizado, añaden las fuentes jurídicas consultadas.
Las diligencias declaradas secretas derivan del contundente auto del instructor del Tribunal Supremo conocido el pasado viernes. Una resolución centrada en el informe de la UCO incorporado a la causa el 5 de junio, relativo a las grabaciones subrepticias realizadas entre 2019 y 2023 por Koldo García, quien fuera asesor ministerial de Ábalos, y que fueron incautadas en el registro de su vivienda en Alicante en febrero de 2024.
En estos ocho audios incorporados al sumario, García trata con varios interlocutores las licitaciones de contratos de obra pública, caso de Pardo de Vera o de Herrero, o el reparto de presuntas mordidas por las citadas adjudicaciones irregulares. Este habría sido el supuesto de Ábalos, que lo negó en su declaración judicial del pasado lunes en el Supremo, o de Santos Cerdán, que dejó su cargo como secretario de Organización del PSOE y su acta de diputado por estos hechos relatados por los investigadores. Cerdán comparecerá en el alto tribunal el próximo lunes.
«Prestar asistencia»
Según el informe de la UCO, los que fueran jefes de ADIF y Carreteras habrían podido «prestar asistencia» al exministro a través de Koldo García para las «indebidas adjudicaciones» de obra pública mediante la «manipulación» de los procesos de contratación. El documento judicial incluye una conversación, grabada en noviembre de 2020, en la que Koldo García pedía con insistencia a Pardo de Vera una adjudicación para la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).
«En un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de ésta, proponiendo que fuera de emergencia», a lo que la responsable de ADIF le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque «se comprometió», según los agentes, «a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora». «Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo», contestó Pardo de Vera a García, quien «departía directamente» con la dirigente del ente público.
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente considera que la conducta de ambos, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad perseguida indiciariamente por Ábalos, no deben ser investigadas por el alto tribunal, por lo que acordó deducir testimonio al Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el titular de ese juzgado, Ismael Moreno, ya ha citado como investigada a Pardo de Vera para que declare por «la contratación aparentemente irregular» de Jésica Rodríguez, expareja del exministro, aunque la comparecencia aún no tiene fecha.
En el centro de las pesquisas están 11 contratos licitados por ADIF y Carreteras a cuatro empresas de construcción en diferentes puntos del territorio nacional. Se trata de Acciona, LIC, Obras Púbicas y Regadíos (OPR) y Servinabar 2000. Cinco administradores o exempleados de estas sociedades declararán como investigados en el Supremo el 4 y el 7 de julio próximo, respectivamente. Además de los documentos de estos contratos, el juez ha autorizado a la UCO revisar decenas de cuentas bancarias vinculadas a estas mercantiles.
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