La UCO se hace cargo de la investigación policial del caso del novio de Ayuso

Otro encargo para la conocida Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que a sus pesquisas ya en marcha sobre presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE, ahora deberá unir otro que se vincula con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, le ha encomendado este viernes que investigue los hechos de la causa que ha llevado a los tribunales a Alberto González Amador, pareja actual de Díaz Ayuso.

La Fiscalía pedía la participación de la UCO en este procedimiento, donde se aborda un presunto delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, «atendiendo a la complejidad y el carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva». En el auto firmado por la juez se indica que, en base a las comprobaciones de la Agencia Tributaria, la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio, de la que González Amador es socio y administrador único, en 2020 y 2021 «registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente, Quirón Prevención SL».

El 4 de diciembre de 2020, Maxwell compró por casi medio millón de euros la sociedad Círculo de Belleza SL a la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención, «la cual carecía de valor» según se recoge en dicha resolución, señala Europa Press. En septiembre de ese año la mujer, con un 60% de las participaciones, había comprado el 40% restante a su marido y a su hermano por 8.000 euros para cada uno, esto es, según el auto, la venta de la sociedad se produjo «por un precio considerablemente inferior ya que en tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%».

De las declaraciones de los investigados, el fiscal argumentó que se desprendía que González Amador «no pagó casi medio millón de euros (a la esposa del alto directivo) porque iba a obtener algo de una sociedad que carecía de actividad, medios personales y materiales, existiendo indicios de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención».

En concreto, en 2020 Maxwell percibió 1,9 millones de euros -consta una factura del 5 de mayo por 834.320 euros y otra del 5 de agosto por 1,1 millones- en concepto de 'comercialización clientes' por la intermediación en la venta por FCS Select Products SL de material de protección sanitaria a la mercantil MAPE Asesores SA.

Además en el informe de inspección se detectó en octubre de 2022 que Círculo Belleza SL, que pasaría a ser la mercantil Masterman & Whitaker, no era más que «una sociedad instrumental, constituida y utilizada por Maxwell para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a Quirón Prevención SL, simulando que es aquella la prestadora de los servicios cuando se acreditó que no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados para tal fin».

Para instrumentalizar esta traslación, Maxwell firmó el 15 de diciembre de 2021 con Masterman SL y Quirón Prevención un contrato por el que la primera cedía a la segunda parte de un contrato denominado 'Gran Cuenta', firmado con Quirón. Al día siguiente Maxwell transmite todas sus participaciones a Masterman, «en favor de Alberto González Amador, quien desde dicha fecha es socio único y administrador único de dicha sociedad pudiendo disponer libremente de los fondos que quedasen remansados en aquella».

De todo ello la inspección dedujo que se trató de «una simulación de los servicios prestados» haciendo que Masterman SL aparezca como la verdadera prestadora de los servicios profesionales facturando por ellos «cuando se acredita que carece de los medios humanos y materiales necesarios». «Maxwell SL es la auténtica prestadora de los servicios y quien debió facturar directamente a Quirón Prevención el importe de la prestación», recogen.

Por todo ello y a instancias de la Fiscalía, el juzgado solicita a la UCO que «lleve a cabo las gestiones necesarias para determinar si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito».

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