El TC dividido sentencia que la amnistía es legal año y medio después de la investidura de Sánchez

El Pleno de la corte de garantías, por la tanto, ha rechazado el grueso del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular, el primero de la treintena que están pendientes de resolver, y solo ha admitido modificar tres aspectos menores sobre el articulado de la norma para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

En concreto, la sentencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán considera contrario al principio de igualdad no amnistiar aquellas conductas dirigidas a rechazar el 'procés'; también aprecia la nulidad del artículo que permite perdonar los actos posteriores al marco temporal que recoge la ley; y, por último, rechaza dos apartados que permitían dar audiencia a todas las partes personadas en los procesos abiertos ante el Tribunal de Cuentas por las consecuencias del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El resto de la sentencia, en cambio, considera que la ley de amnistía no es arbitraria ni vulnera principios fundamentales de la Constitución española. Respalda la tesis de que la Carta Magna no impide aprobar amnistías, porque no existe ningún precepto en el ordenamiento jurídico que lo prohíba. Del mismo modo, diferencia entre la potestad del indulto particular, cuya prerrogativa corresponde al Poder Ejecutivo, y el interés general de la amnistía surgido de las Cortes Generales. Asimismo, el TC descarta a diferencia de lo que planteaba el PP en su recurso que la norma vulnera la separación de poderes, ya que «ni juzga ni ejecuta lo juzgado», señala, un asunto que le compete en exclusiva a los tribunal de justicia.

Otro asunto capital de la sentencia conocida hoy es que la ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada por el Parlamento hace 13 meses no es contraria al derecho a la legalidad penal. Esto es, afirma que recoge con claridad «la exigencia de concreción» sobre los efectos de los delitos perdonados y las consecuencias jurídicas que se derivan de su aplicación.

Sobre las valoraciones generales que motivaron la aprobación de la norma, el TC aprecia que responde a una «coyuntura extraordinaria» debido a la «crisis constitucional derivada del proceso secesionista catalán, que supuso un desafío sin precedentes al orden constitucional, a la unidad del Estado y a la soberanía nacional; así como una profunda fractura de la convivencia democrática».

No obstante, la sentencia recuerda que, más allá de las motivaciones políticas, se ha valorado el «fin de la ley, no la intención ultima de sus autores», una cuestión a la que no puede entrar la corte. Por lo tanto, añade que la iniciativa legal sí responde a un fin «legítimo, explícito y razonable» cuando en su mismo preámbulo justifica su aprobación para reducir la tensión institucional y política derivada del 'procés' secesionista y facilitar un escenario de reconciliación.

En definitiva, la sentencia reafirma la vigencia de su doctrina sobre los límites de la potestad legislativa en un Estado de Derecho, concluyendo que la amnistía «no está prohibida por la Constitución y que su adopción, cuando responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público, puede resultar constitucionalmente admisible».

Esta resolución no se ha adentrado en el encaje del delito de malversación en la ley, que el Tribunal Supremo ha venido rechazando en varios autos. Se trata de uno de los asuntos políticos más destacados por la situación personal del expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden de detención nacional, o del que fuera vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, inhabilitado para volver a ser cargo electo hasta 2031.

Uno de los magistrados contrarios a la sentencia, Roberto Enríquez, del denominado bloque conservador, ha reprochado que el Pleno del TC no haya suspendido el debate ante la necesidad de acudir y/o esperar a las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre aspectos nucleares de la aplicación de la amnistía. Del mismo modo, sostiene que este perdón general no cabe en la Carta Magna y que la norma es arbitraria porque responde al apoyo de los siete diputados de Junts en la sesión de investidura del presidente del Gobierno.