El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a 42 ex altos cargos del 'procés', incluidos Puigdemont y los indultados

Si no depositan los 5,4 millones como fianza provisional en un plazo de 15 días hábiles, en torno a un mes, se les embargarán las cuentas y las viviendas. Los dirigentes independentistas más afectados en esta causa del organismo fiscalizador son Artur Mas, presidente de la Generalitat entre 2010 y 2016, al que se le reclaman 2,8 millones. Carles Puigdemont, presidente catalán entre 2016 y 2017, y el exvicepresidente, Oriol Junqueras, indultado hace una semana, deberán hacer frente a un pago de 1,9 millones. La responsabilidad, no obstante, es solidaria, por tanto la cantidad total fijada la deben pagar entre los cuarenta implicados, pero unos han recibido mayor notificación en función de su mayor responsabilidad en los gastos fiscalizados. Así, al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, se le reclaman 3,6 millones. A Francesc Homs, 2,9 millones y al exconsejero de Economía, Andreu Más-Colell, 2,8 millones.

El tribunal ha notificado las fianzas a los abogados y les ha dado tres horas para presentar sus alegaciones. El Tribunal de Cuentas, a pesar de su nombre, no forma parte del poder judicial español. Sus miembros son consejeros y son elegidos por el Parlamento español. La Constitución española de 1978 atribuye al Tribunal de Cuentas la «fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable», según recoge en su página web. Sus consejeros son elegidos por las Cortes Generales: seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, por un periodo de nueve años. La causa de los independentistas está aún en fase de instrucción. La sentencia, cuando se emita, podrá ser recurrida por las partes a la sala de justicia del propio Tribunal de Cuentas o en última instancia al Tribunal Supremo.

Los afectados han reclamado ya el apoyo de la caja de solidaridad que la ANC y Òmnium Cultural pusieron en marcha para que los condenados por el 9-N y el 1-O pudieran hacer frente a las multas millonarias. En el caso del 9-N, los exmiembros del Govern fueron condenados a pagar cinco millones por la organización de la consulta soberanista, mientras que para el referéndum ilegal del 1-O, el Tribunal de Cuentas impuso fianzas de más de cuatro millones. «Buscan la muerte civil» de los líderes independentistas ha afirmado esta mañana el abogado y exconsejero de la Presidencia, Francesc Homs. «Vienen a por las casas de nuestros hijos», dijo ayer Oriol Junqueras.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cargado con todo contra el tribunal al que ha calificado de franquista e inquisición española. «Ahora mismo, Gonzalo Boye tiene solo tres horas para leer 504 páginas del informe de la inquisición española llamada Tribunal de Cuentas, y después solo tendrá 10 minutos para hacer las alegaciones, independientemente del número de personas a quien defienda. Franquismo de fondo y de forma», ha afirmado en Twitter, el líder nacionalista.

La causa del Tribunal de Cuentas condiciona la reunión que esta tarde mantendrán en la Moncloa el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, en el primer encuentro entre ambos desde la investidura de Pere Aragonès. El jefe del Ejecutivo catalán reclamará a Sánchez que la Abogacía del Estado se aparte como parte acusatoria en las causas del Tribunal Supremo. También que facilite el regreso de los dirigentes huidos, como Puigdemont.