El Tribunal de Cuentas fiscalizará la entrega al PNV del palacete de París sede del Instituto Cervantes

Según el texto aprobado en la mañana de este martes, el Tribunal de Cuentas deberá abrir una investigación específica sobre la devolución a los jeltzales del inmueble ubicado en el número 11 de la Avenida Marceau, de la compensación por otros dos bloques ya inexistentes en las ciudades de Noyon y Compans. El Ejecutivo de Pedro Sánchez y el por entonces presidente del EBB, Andoni Ortuzar, pactaron este acuerdo a finales del pasado año bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática. Iba a ser aprobado de manera oficial dentro del decreto de ley ómnibus que el Ejecutivo llevó al Congreso el pasado 22 de enero, pero el voto contrario de Junts tumbó todo el paquete legislativo, por lo que la operación quedó en un limbo administrativo.

Pese a que el PNV defendía la legalidad del acuerdo y que ya se había ejecutado la «transmisión» patrimonial del inmueble, el pacto fue incluido de nuevo en el decreto que finalmente sí se aprobó en el Congreso el 12 de febrero. Con todo, el PP se ha mostrado en todo momento muy crítico con esta operación y ha anunciado diferentes iniciativas para intentar revertirla.

Según el PNV, el edificio fue comprado por encargo del partido en 1937, luego pasó a manos del régimen franquista, fue incautado por la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia y entregado al régimen franquista por la Justicia francesa en 1951. Sin embargo, PP y Vox siempre han puesto en duda esta argumentación y exigen ver los documentos que lo demuestran. «Si fue del PNV, ¿cómo, cuándo y por cuánto lo compró?», ha preguntado en la sesión de este martes la diputada del PP Pilar Alia.

En el debate, la parlamentaria popular ha señalado que, si el Gobierno no da explicaciones, se podría pensar que esta restitución es un «regalo» a sus socios por un importe de casi 20 millones de euros y ha criticado que durante seis años el Instituto Cervantes tenga que pagar un alquiler al PNV por albergar su sede, lo que a su juicio puede suponer financiación ilegal del partido. En similares términos se ha pronunciado el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que ha hablado incluso de «corrupción política» al considerar que «no es restitución, sino una apropiación» de un edifico público.

Por el contrario, la senadora del PNV Dolores Etxano ha explicado que el Tribunal de Cuentas podrá examinar la operación en sus informes sobre la Cuenta general del Estado o los exámenes a la contabilidad de los partidos políticos, pero exigir un informe específico muestra «una clara intención de instrumentalización».

Según el diputado socialista Raúl Díaz, el PP busca utilizar la Cámara Alta como «lavadero de sus chapuzas» mientras se da «golpes en el pecho» reclamando «dignidad» a las instituciones. «Esta restitución es devolver a alguien lo que en su día tuvo», ha añadido la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Para el senador de Bildu Josu Estarrona, «el saqueo y el expolio» de la dictadura es algo reconocido por todo el mundo, y en cambio el PP va en dinámica contraria a Europa y quiere «incautar un inmueble que fue del gobierno vasco y que se apropió la dictadura».