Las diputaciones piden salvar una reforma que bajaría los impuestos a «un millón de vascos»

Itxaso Berrojalbiz (Bizkaia), Itziar Gonzalo (Álava) e Itziar Agirre (Gipuzkoa), que pese a ser las impulsoras de la modificación impositiva apenas habían tenido voz en el debate público, dieron un paso adelante en defensa del proyecto en un momento crítico en el que todo parece destinado a un abrupto desenlace: EH Bildu condiciona cualquier entendimiento a una reforma «en profundidad» que aumente la recaudación y ha presentado su enmienda a la totalidad; el PP ha sido vetado por el PSE-EE aunque el PNV sigue apostando por hablar «con todos»; y Podemos no cambiará su negativa si no hay cambios «estructurales».

Ante este escenario nada halagüeño, las tres diputadas forales de Hacienda quisieron, en primer lugar, espantar por ahora el fantasma de la retirada de la iniciativa. «Nadie se lo está planteando», afirmó de manera taxativa la vizcaína Berrojalbiz, si bien la guipuzcoana Agirre asumió que «cuando llegue el momento de las comisiones», habrá que «valorar en qué punto estamos». Por el momento, la tramitación «sigue adelante» en las tres Juntas Generales pese a que a día de hoy no tenga asegurados los apoyos suficientes ni en Álava ni en Gipuzkoa, donde PNV y PSE-EE no disponen de mayoría absoluta, a diferencia de Bizkaia.

Además de para acallar cualquier rumor sobre un paso atrás, la comparecencia de las diputadas sirvió para que desplegaran su estrategia: pasar la pelota a los partidos de la oposición y emplazarles a que «expliquen» su rechazo al proyecto ante sus potenciales beneficiarios. Según los cálculos de las instituciones forales, más de un millón de vascos (1.038.841, en concreto) pagarían menos impuestos. Por ejemplo, 342.499 dejarían de tener que abonar el IRPF y 119.904 arrendadores verían incrementadas sus deducciones, al igual que 119.865 jóvenes menores de 35 años. Los cambios también ayudarían a 76.265 autónomos y a 31.243 propietarios de micro y pequeñas empresas.

Berrojalbiz, la responsable foral que más carga política introdujo en su intervención, incluso tiró de ejemplos de «casos reales» con «cara y ojos» para tratar de personificar el impacto de las medidas que se están discutiendo. Habló de una mujer soltera joven que se ha comprado un piso y se reincorpora al trabajo a jornada completa tras una reducción, quien se ahorraría «2.915 euros» al año con la reforma; o de un hombre recién salido de la universidad que cobra el SMI, quien dejaría de pagar «465 euros». En definitiva, casos prácticos que vendrían a demostrar el alivio fiscal que desaparecería si la reforma no prospera.

«Hablemos de estas medidas y de sus consecuencias», remarcó Berrojalbiz, insistente en reclamar directamente a EH Bildu, PP y Podemos que «expliquen» a la gente su oposición a un proyecto fiscal «que es bueno para todos porque tiene un carácter netamente social». Las tres diputaciones defienden que su propuesta, que busca la armonización entre los tres territorios, está basada en la «progresividad» del sistema, «protege la cohesión social» y, al mismo tiempo, «garantiza la suficiencia financiera para prestar unos servicios públicos de calidad».

Las máximas responsables de las haciendas forales consideran que «aún hay tiempo» para llegar a un acuerdo, aunque asumen que será difícil. Tras el rechazo de Podemos, la opción de EH Bildu es improbable, máxime tras la guerra de cifras que unos y otros están protagonizando a cuenta de la recaudación. El PP, por su parte, se sitúa cada vez más lejos porque ahora la base de la negociación está en el preacuerdo logrado con los morados, más inclinado a la izquierda que el proyecto original.