El teniente coronel señalado por la 'fontanera' del PSOE, al frente del registro de la empresa navarra por el caso 'Ábalos-Koldo'

Para Díez, Balas es poco menos que un mafioso al frente de la «camorra» de la Guardia Civil aprovechándose de su rango y posición en la sección más compleja y amplia de la UCO, tal y como le describe la exmilitante socialista en las conversaciones con varios empresarios imputados en una causa de hidrocarburos y divulgadas por El Confidencial. ¿Pero es eso cierto? ¿Quién es este teniente coronel que vuelve a protagonizar una operación de gran alcance mediático en lo que parece un nuevo caso de corruptela política?

De hecho, muchos no dudan en calificar a Balas como el azote de los políticos que se intentan aprovechar de sus cargos en beneficio propio. Tal y como publicaba este periódico, el alto de la Guardia Civil se jactaba en una conferencia de que el grupo que dirige «es el más potente, el que más teléfonos pincha y más balizas pone». Con más de 20 años en el cuerpo, sus inicios comenzaron en la lucha antiterrorista como teniente del Grupo de Información de la Guardia Civil en Gipuzkoa para después dirigir equipos como el de la Policía Judicial en Salamanca.

Su ascenso como comandante tras ser nombrado jefe del departamento de la UCO en 2010 fue meteórico. De hecho, se pasó una década investigando hasta el más mínimo detalle posibles casos de corrupción protagonizados por representantes de todo el espectro ideológico en España como 'Púnica', 'Lezo' o 'Erial', del PP, o la estafa en los ERE de Andalucía, del PSOE. En especial, se le recuerda por la trama de la macrocausa Azud, que en la Comunidad Valenciana investigó el supuesto pago de comisiones ilegales a cargos públicos, tanto populares como socialistas, destinados a favorecer la adjudicación de grandes proyectos urbanísticos y contratos públicos entre 1999 y 2013. Entre los involucrados está el hermano de Ximo Puig, expresidente valenciano del PSOE.

Sólo era cuestión de tiempo que pasara a ser jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, un nombramiento que tuvo lugar en plena pandemia, sobre todo teniendo en cuenta el gran carisma que goza entre los suyos. No en vano Antonio Balas cuenta con una veintena de condecoraciones, una roja y otras siete de plata, concedidas tanto por el PP como por el PSOE. Incluso atesora la Medalla al mérito del trabajo impuesta por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los reconocimientos demuestran su imparcialidad a la hora de perseguir la corrupción «sin casarse con nadie», como aseguran sus colaboradores. «Es incómodo para todos», sostienen los que mejor le conocen. Tan sólo es fiel a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (UAFAC) para la que realiza todas las investigaciones policiales.

En todo caso, es cierto que Balas se ha convertido últimamente en una auténtica pesadilla para el PSOE y, en concreto, para el propio Pedro Sánchez y su entorno más próximo. El jefe de la UCO aparece como responsable de las investigaciones sobre la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, además de en los sumarios 'Koldo-Ábalos-De Aldama' que llevan a cabo tanto en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Incluso su firma se encuentra en las pesquisas sobre la filtración del mail del novio de Isabel Díaz Ayuso en el caso en el que está imputado el mismísimo fiscal general del Estado.

Ahora, su investigación de 2019 sobre la denominada 'operación Drake', entonces el mayor golpe contra el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en España, le ha puesto en el punto de mira de Leire Díez. La 'fontanera' del PSOE llegó a ofrecer supuestos tratos de favor por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al empresario Alejandro Hamlyn, encausado en la trama, a cambio de documentos demostrando los trapos sucios del jefe de la UCO, tal como se han desvelado en las grabaciones. De momento, la exmilitante socialista ya se ha ganado una denuncia de una asociación de guardias civiles por sus pesquisas contra Balas. Se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia en lo que consideran que no tiene otro objetivo que socavar «la independencia y credibilidad de la Guardia Civil», así como la profesionalidad de todos sus miembros que investigan tramas como las del 'caso Koldo' o a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.